Los diputados aprobaron, en la sesión de miércoles pasado, encomendar a la Contraloría General de la República (CGR) la realización de auditorías financieras y de gestión del uso de los recursos destinados para el censo nacional, que se hizo el 9 de noviembre del año pasado.

La Cámara Baja pidió también transparentar el uso de los recursos que fueron fruto de un millonario préstamo, pero cuyo resultado arrojó dudas sobre el alcance y la forma de ejecución.

La iniciativa fue a instancias del diputado cartista Rodrigo Gamarra, quien dijo que los números preliminares que presentó el director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Iván Ojeda, no generan confianza alguna y que incluso sus declaraciones a los medios de comunicación, argumentando la “fuga de útero” para justificar la disminución de la cantidad de habitantes que arrojaron los datos preliminares del Censo, fueron desacertadas.

El diputado Gamarra manifestó que el Estado se endeudó para financiar el censo con el principal objetivo de tener una radiografía exacta de la situación poblacional y económica de los habitantes, por lo cual se necesita de una auditoría financiera para saber dónde fueron a parar esos millonarios recursos.

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Congreso destinó 43 millones de dólares para el censo 2022

El Congreso aprobó un préstamo de 43 millones de dólares, suscrito entre nuestro país y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para el financiamiento de un censo nacional en el 2022, administrado por el INE.

Desde el día siguiente del censo centenares de familias denunciaron que los censistas nunca llegaron a sus casas, pero apareció la calcomanía en sus rejas, por lo cual se generaron muchas dudas sobre el alcance y la fiabilidad de los datos.

Trabajo fiable, dice director del INE

Al respecto, Ojeda había asegurado que sólo el 6% de la población no accedió al censo, pero que todos fueron registrados debido a que se cuenta con sus nombres en la carpeta utilizada por los censistas, por lo cual consideró que los datos son fiables.

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