Diputados liberales y del tercer espacio presentaron el proyecto de ley "que establece la eliminación de la intermediación de la OPACI en la expedición de licencias de conducir y en los procesos relacionados a bienes y raíces", a fin de cortar el chorro de cobros compulsivos a esta oenegé (que no molesta al oficialismo) actualmente manejada por el exconcejal cartista de San Lorenzo, Nelson Peralta.

“No están obligados” a rendir cuentas sobre cobros por licencias de conducir

Actualmente, la Opaci cobra un canon de G. 10.000 por cada licencia de conducir emitida o renovación, con lo que entre 2020 y 2024 recaudaron unos G. 35.416.300.110, monto cuyo destino no se tiene certeza, ya que OPACI no está obligada a rendir cuentas, pese a que son fondos que salen directamente del bolsillo de los contribuyentes de todos los municipios, sin ninguna justificación más que recaudar y sin base legal.

“En el caso de la expedición de licencias de conducir, la OPACI actúa como intermediaria en la implementación de sistemas, impresión de documentos y verificación de datos, percibiendo por estos servicios un monto fijo o un porcentaje por cada trámite realizado. Esta tercerización no solo representa una carga económica para los contribuyentes y los municipios, sino que también ha limitado la posibilidad de que las municipalidades desarrollen sus propios sistemas”, alega la argumentación de la propuesta legislativa.

El proyecto de ley también plantea eliminar los cobros relacionados a bienes raíces, ya que OPACI impone tasas por “servicio” de transferencia de inmuebles y operaciones de crédito (hipoteca).

“En los procesos vinculados a bienes y raíces -tales como la verificación del pago de tributos inmobiliarios, emisión de constancias o cruce de datos para trámites de gestión pública o privada- también se ha detectado la participación de la OPACI como canal obligatorio de validación. Esta situación prolonga los tiempos administrativos, genera costos adicionales y resta capacidad de decisión a los gobiernos locales, que podrían perfectamente administrar dicha información de manera directa transparente", acota la justificación.

El proyecto cuenta apenas con cuatro artículos, que básicamente consiste en establecer por ley la prohibición para que OPACI y otra oenegé similar funjan de ·“peajeros”.

“En resumen, este proyecto busca recuperar la soberanía administrativa de los gobiernos locales, reducir gastos innecesarios para los contribuyentes y promover una gestión más transparente, moderna y responsable, sin entes intermediarios que se interpongan entre el ciudadano y el Estado”, remarca la justificación el proyecto.

La iniciativa lleva la firma de los diputados liberales Diosnel Aguilera, María Constancia Benítez, Dalia Estigarribia, Luis Federico Franco, Cleto Giménez, Pedro Gómez, Miguel Martínez, Emilio Pavón, Alejo Ríos, Roya Torres, Arnaldo Valdez, Del Pilar Vázquez, Pastor Vera Bejarano y los del tercer espacio: Alexandra Zena (Independiente), Rocío Vallejo (Partido Patria Querida) y los de YoCreo; Leidy Galeano, Walter García y Guillermo Rodríguez.