Sin siquiera argumentar los motivos del pedido de informes, y pese a la oposición de diputados como Raúl Benítez (independiente) y Johanna Ortega (Partido País Solidario) quienes remarcaron que esto era mas bien un “apriete” a la entidad financiera que es parte del grupo Zuccolillo, del que forma parte ABC (crítico al gobierno), la mayoría cartista resolvió aprobar la resolución.

En el primer punto del documento, se exige al BCP, “indicar las razones por las cuales, pese a las sanciones, advertencias, auditorías y causas penales relacionadas con Banco Atlas, perteneciente al grupo Zuccolillo, no existirían sumarios administrativos en curso contra la entidad; o, en su caso, precisar los procedimientos actualmente abiertos, su objeto y estado procesal”.

Resulta llamativo que uno de los firmantes y defensores de la resolución, es el miembro del JEM, Alejandro Aguilera (ANR, HC), que tiene ingerencia y poder de presión contra jueces y fiscales desde dicho cargo.

“Yo mociono concretamente que esto pase a comisión. Nosotros no podemos aprobar un apriete documentado, porque eso es esto. No nos vendan gato por liebre”, sostuvo Raúl Benítez, ante esta iniciativa claramente sesgada.

El mismo fundamentó esta postura, señalando que el documento en realidad no solicitaba información, sino que pretendía instigar a que el BCP tome medidas sancionatorias.

“Yo respeto que alguien solicite informe sobre si existen o no sumarios en curso dentro de la institución sobre alguna causa o algún caso particular, pero esto está redactado de una manera que invita a otra cosa. Esto es un apriete. Nosotros como Cámara no podemos aprobar un apriete documentado como es el que estamos viendo”, insistió Benítez.

Por su parte, el cartista Aguilera ni siquiera pretendió defender y argumentar el proyecto, diciendo con prepotencia que no tenía que pedir permiso a nadie para plantearlo.

“Yo no sabía que había que pedirle permiso a la policía del pensamiento y mandarle el borrador de un proyecto para ver si les gusta el tono del pedido de informes”, dijo Aguilera.

Minutos después él y su bancada, censuraron una docena de pedidos de informes de opositores sin ningún argumento.

Esta contradicción le enrostró la diputada Johanna Ortega (Partido País Solidario), que respondió diciendo: “Ustedes lo que son la policía del pensamiento, y ahora se ofenden, pero el acápite del pedido de informes es una amenaza, no es un pedido de informe, ese es el problema, que ustedes conjeturan en el acápite”.

Esta también le recordó a Aguilera, que él es nada más y nada menos que miembro del JEM. ¡Denme derecho a dudar de quienes integran el JEM cuando le mandan un apriete a un banco, por favor!, enfatizó Ortega.

No es la primera vez que el cartismo utiliza las instituciones para este tipo de aprietes, ya lo hicieron anteriormente con la llamada “Comisión Garrote”, que terminó en un fiasco tal que ni siquiera la Cámara de Diputados aprobó su informe final.