En solo 2:14 minutos y sin siquiera el esfuerzo de argumentar, Diputados aprobó en su primer trámite el proyecto de ley que “modifica el artículo 1 de la Ley Nº 7459” que establece los montos unificados para el pago de habilitaciones vehiculares en todos los municipios del país.

Cartistas planean apriete para recaudar en municipios: podrían impedir viajar y hasta trabajar

El diputado cartista Néstor Castellano alegó que la intención era “corregir un error involuntario” en la citada ley, con el fin de “incluir un solo artículo que fija las habilitaciones por pago de impuesto a rodados en todas las municipalidades de la República del Paraguay igual a un jornal mínimo (G. 111.502)”.

Con evidente mala fe, Castellano evitó mencionar que también se establece como tope máximo para el cobro de este impuesto el equivalente a un salario mínimo (G. 2.899.048), lo que beneficia a dueños de vehículos de alta gama o de lujo.

Es decir, este proyecto busca apretar al rango de conductores más humildes (dueño de vehículos usados y motocicletas), ya que sin importar el valor imponible de sus vehículos o la antigüedad no podrán pagar menos de G. 111.502.

Supuestamente, el argumento era recaudar más, sin embargo al topear para arriba, evitan cobrar parte del impuestos a autos de megalujo, como ser un Porsche Cayene 2025, cuyo valor imponible es G. 960.296.920, o una camioneta Mercedes Benz, modelo G-63 del año, con valor imponible de G. 1.076.930.173.

Es este último caso, por ejemplo, perdonarán el cobro de G. 331.742 (diferencia respecto a lo que corresponde por valor imponible) al propietario de un auto de lujo.

A pedido del proyectista, diputado cartista Néstor Castellano, se acordó postergar apenas hasta el próximo martes 16 (última sesión ordinaria de Diputados del año) los dos proyectos de ley que plantean presionar a los ciudadanos para que paguen sus impuestos inmobiliarios y patentes municipales y comerciales, bajo amenaza de “proscribirlos” civilmente, todo con el afán de que intendentes recauden más antes de las elecciones municipales de octubre de 2026.

Se trata de dos proyectos de Castellano, uno que plantea denegar el otorgamiento del Certificado de Cumplimiento Tributario (CCT) de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) a los que adeuden su impuesto inmobiliario.

Esto imposibilitaría a algún contribuyente en mora hasta a viajar, gestionar ciertos créditos o realizar trámites ante escribanía, ya que el CCT es requisito por ejemplo para gestionar el pasaporte.

El otro proyecto apunta a afectar directamente a propietarios de comercios, ya que propone que DNIT deniegue la provisión del Timbrado, requisito para considerar válida cualquier factura legal. Esto, en el caso de adeudar patente municipal y comercial en su respectivo municipio.

En este caso la consecuencia es más grave, ya que impediría seguir operando legalmente (con factura) al comercio que sea sancionado con esta medida.