La Cámara de Diputados analizará esta semana un proyecto de ley que propone elevar las penas por delitos de corrupción en la función pública, clasificando algunos de ellos como crímenes. La iniciativa es impulsada por el diputado Daniel Centurión, quien sostiene que el endurecimiento de las sanciones penales es una medida necesaria para combatir la impunidad y enviar un mensaje claro a los corruptos.

Según el legislador, la propuesta plantea elevar el marco penal para hechos como lesión de confianza de un máximo actual de 10 años —en casos agravados— a un rango de 5 a 15 años de prisión, con el objetivo de que estos delitos sean considerados crímenes y no simplemente delitos menores. “Los hechos de corrupción deben ser tratados como lo que son: crímenes. Y los corruptos como criminales”, expresó Centurión.

El diputado destacó que la iniciativa fue elaborada con el apoyo de asesores legislativos y penalistas, y recordó que países como Uruguay, Chile y Panamá han implementado reformas similares en los últimos años, con resultados positivos en los índices de percepción de corrupción. “Si en la región se demostró que aumentar penas fue un factor que contribuyó, no el único, pero sí un elemento importante, ¿por qué no hacerlo en Paraguay?”, cuestionó.

Centurión también citó datos recientes de la Contraloría General de la República, que remitió al Ministerio Público 32 informes de indicios de hechos punibles contra el patrimonio público en un solo año, con un daño estimado superior a 1,2 billones de guaraníes.

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Sin embargo, no todos están de acuerdo con el enfoque punitivista de la propuesta. El abogado penalista Guillermo Duarte Cacavelos cuestionó duramente la falta de sustento técnico del proyecto. “No existe ningún estudio criminológico que demuestre que aumentar penas reduce la corrupción. Se legisla desde la reacción, no desde la ciencia”, afirmó en una entrevista.

Cacavelos alertó sobre un posible efecto contraproducente: que el aumento del marco penal eleve el estándar probatorio en los tribunales, lo que podría traducirse en más absoluciones por falta de pruebas contundentes. “Cuando se sube la pena mínima, el juez tiene menos margen de interpretación y, ante la duda, absuelve”, explicó.

También señaló que la modificación puede traer consecuencias jurídicas no previstas, como la penalización de tentativas que hoy no están castigadas, y recordó que el Código Penal paraguayo ya contempla herramientas como el artículo 70, que permite aumentar penas en casos de concurso de delitos. “Decir que 15 años de prisión es poco es un absurdo. El problema es que las penas actuales no se aplican adecuadamente”, sostuvo.

El debate quedó planteado entre quienes abogan por endurecer la ley para disuadir a los potenciales corruptos y quienes insisten en que el foco debe estar en fortalecer el sistema judicial y asegurar la correcta aplicación de las normas vigentes.

La discusión se dará en el pleno de la Cámara de Diputados este martes, y se espera que genere un intenso cruce de posturas entre sectores políticos y jurídicos.