El 17 de febrero de 2025 ABC publicó el apuro de la diputada cartista Gloria María Johana Vega Insfrán por culminar la construcción de su lujosa casa en el barrio Defensores del Chaco, en Mariano Roque Alonso. Se trataba de una obra emprendida meses después de llegar a la Cámara Baja y, para más coincidencia, en el arranque de su noviazgo con el actual titular de Petropar, Eddie Jara.

Tras la publicación periodística la Contraloría General de la República (CGR), a cargo de Camilo Benítez, anunció el inicio de un examen de correspondencia de los bienes de la legisladora, quien reconoció que había sido dueña solo del terreno, no así de la construcción porque supuestamente lo vendió a una desarrolladora inmobiliaria.

Sin embargo, registros de publicidad registral, revelan que Johana Vega Insfrán mintió y burló al ente de control con la transferencia de la propiedad en pleno análisis de sus declaraciones juradas.

Los documentos muestran que María Johana Vega Insfrán compró el inmueble el 29 de abril de 2024 y lo inscribió el 27 de setiembre de 2024. El 25 de marzo de 2025 –más de un mes después de la publicación de nuestro diario– procedió recién a transferir a GI Proyectta EAS, constituida el 24 de noviembre de 2023 y cuyos socios son María Gabriela Insfrán y el esposo de esta última, Andrés Alberto Gómez.

Casualmente, Gabriela Insfrán es prima de la diputada colorada cartista.

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La inscripción del inmueble se hizo recién el 22 de abril de 2025, es decir, en pleno estudio de la Contraloría. El punto más sugestivo es que tanto la prima de la legisladora como su empresa dedicada mayormente al servicio de cartelería arrastran miles de reclamos por millonarias deudas, de acuerdo con los registros comerciales.

Resulta por tanto muy llamativa la transacción sobre el terreno por el cual Johana Vega dijo que pagó G. 250 millones (sin construcción).

Retransferencia

Lo cierto es que antes de que la CGR termine su examen, a finales de octubre pasado, el inmueble en cuestión ya fue transferido de vuelta.

Esta vez como “beneficiada” aparece la empresa Sur SRL, cuyos accionistas originales son Rafael Vicente Palmieri y Digna Ríos, de acuerdo con los registros comerciales sujetos a actualización.

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ABC intentó ayer de manera insistente obtener la versión de la diputada Johana Vega como la de su prima Gabriela Insfrán, pero no respondieron a las más de 10 llamadas realizadas entre las 16:30 y 18:30.

La diputada Johana Vega también registraría otras inconsistencias tras el análisis de sus DD.JJ. Su “novio”, Eddie Jara, está en la misma situación.

Exdiputado y concejala, con una decena de omisiones

El exdiputado cartista Orlando Arévalo y su esposa, la concejala cartista de Lambaré, Carolina González, no declararon inmuebles, rodados, depósitos bancarios, acciones y ganado. Así lo detalla la comunicación de observaciones remitida por la Contraloría General de la República (CGR) a la pareja que está casada sin separación de bienes.

En el caso del imputado expresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), el ente de control le detalla la falta de declaración de al menos 12 propiedades que están a nombre de su cónyuge y que la misma sí hizo constar algunas en sus DD.JJ. Se trata de tres inmuebles en Villeta, dos en San Juan Bautista (Misiones) y uno Lambaré, además de seis lotes en Loma Plata (Chaco).

Asimismo, la CGR advirtió sobre inconsistencias en los valores declarados de las propiedades en Lambaré. Arévalo tampoco declaró cinco rodados que están a su nombre y de su cónyuge.

Otra incongruencia detectada por la institución de control tiene que ver con acciones en dos empresas: Gestión Educativa del PY EAS y Kremlin SA (antes Zelianko SA), por G. 40 millones y G. 250 millones, respectivamente.

El exdiputado tampoco declaró ganado a nombre de la concejala, además no hay registros en las instituciones de control sobre la actividad agropecuaria de cría de gallinas.

Arévalo tampoco declaró al menos cuatro cajas de ahorro habilitadas por su esposa, por diferentes montos. En este caso la observación también alcanza a Carolina González.

La CGR también detectó que el exdiputado declaró una deuda de G. 401 millones un año antes de ser contraída, además de la significativa diferencia de G. 4.265 millones entre sus activos y pasivos al asumir en la Cámara Baja y al dejar el cargo en febrero pasado.

Por último, las DD.JJ. revelaron una diferencia de G. 115 millones entre sus ingresos y egresos al llegar al Congreso como también inconsistencia entre sus pasivos y deudas de tarjetas de crédito a nombre de Carolina González no declaradas por Arévalo.