Haines permanece en estado crítico en el hospital Alfred de Melbourne, a donde fue trasladada en helicóptero tras el atropello. Durante la intervención quirúrgica a la que fue sometida, la parlamentaria perdió una pierna, según fuentes cercanas citadas por la cadena pública ABC.

El detenido por el atropello es un residente de la localidad rural de Tarrawingee, próxima a Wangaratta, quien fue miembro activo del grupo ecologista Save Our Strathbogie Forest (Salvemos el bosque de Strathbogie), opuesto a la tala de árboles, aunque no había tenido contacto con el mismo desde la pandemia, según la cadena ABC.

Desde 2019, Haines ha centrado su labor parlamentaria en la mejora de los servicios sanitarios regionales, el acceso a la vivienda, la acción climática y la transparencia institucional. También defendió en 2022 ante el Parlamento el fin progresivo de la tala de bosques autóctonos y la transición hacia una industria forestal basada en plantaciones.

El ministro del Interior, Tony Burke, afirmó este martes que, según los testimonios recabados, el conductor dio media vuelta y embistió a Haines contra su propio vehículo y después dio marcha atrás y volvió a atropellarla.

Un testigo en la zona, identificado por medios locales como Ricky Jefferies, intervino para sacar al conductor del vehículo y retenerlo hasta la llegada de la Policía y, según su relato, el hombre llevaba un cuchillo, que los agentes encontraron e incautaron.

Las autoridades no han confirmado por el momento el motivo del ataque ni si estuvo relacionado con la actividad política de la diputada.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, calificó el atropello de deliberado y la Policía de Victoria dirige la investigación con el apoyo de la Policía Federal Australiana y de la Organización Australiana de Inteligencia de Seguridad (ASIO).

Las autoridades consideran que se trata de un incidente aislado y, por ahora, no han identificado amenazas relacionadas con el suceso.

Haines representa desde 2019 a la circunscripción de Indi. Albanese ha pedido rebajar el tono de la confrontación política ante el aumento de las amenazas contra representantes públicos; según Burke, las denuncias por amenazas y acoso en este ámbito subieron de 951 en 2024 a 1.067 en 2025.

La Policía Federal estudia posibles cargos contra el detenido, entre ellos el de causar lesiones a un funcionario público de la Commonwealth, que puede conllevar una pena máxima de diez años de prisión.