La Fiscalía General de Ankara informó este sábado en un comunicado que emitió órdenes de detención contra 36 personas, entre ellas el alcalde de Çankaya, Hüseyin Can Güner, por presuntos delitos de creación y pertenencia a una organización criminal, aceptar y ofrecer sobornos y manipular licitaciones públicas.

Hasta el momento, 27 personas han sido arrestadas y las autoridades han llevado a cabo registros y han incautado material dentro de la investigación. En Ankara, al igual que en Estambul y otras grandes ciudades, además del alcalde metropolitano, los distritos también cuentan con un regidor propio.

Çankaya, considerado un histórico bastión del Partido Republicano del Pueblo (CHP), es el distrito más poblado de Ankara, con cerca de un millón de habitantes.

Ese distrito es el primero gobernado por la oposición en la capital que se ve afectado por la ola de investigaciones judiciales iniciada tras las elecciones locales del 31 de marzo de 2024, en las que el CHP se convirtió por primera vez en décadas en la fuerza más votada y arrebató al gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP, islamista) el control de las principales ciudades del país.

Güner rechazó en las redes sociales las acusaciones y aseguró que, desde su llegada al cargo, la administración municipal ha actuado "de la mejor manera posible" y sin traicionar la confianza de los ciudadanos.

El CHP convocó a sus militantes y a los vecinos de Ankara a concentrarse frente al ayuntamiento de Çankaya para protestar contra lo que calificó de una "operación ilegal".

Las actuaciones contra municipios controlados por el CHP, con cientos de detenidos hasta ahora, se han convertido en uno de los principales focos de tensión política en Turquía.

En la actualidad, cinco alcaldes metropolitanos, entre ellos el de Estambul, Ekrem Imamoglu, permanecen en prisión preventiva, mientras que otros 23 alcaldes de distrito también están detenidos.

Además, siete alcaldes metropolitanos, Imamoglu incluido, y 26 alcaldes de distrito han sido suspendidos de sus funciones.

El CHP sostiene que estas investigaciones buscan debilitar a la oposición e impedir que Imamoglu, uno de los políticos más populares del país, pueda enfrentarse al mandatario, el islamista Recep Tayyip Erdoğan, en las próximas presidenciales, previstas para 2028 si se completa la legislatura.

La formación denuncia que se trata de un caso de 'lawfare', es decir, del uso de la justicia con fines políticos, una preocupación que también han expresado en los últimos días representantes del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa al cuestionar la independencia del poder judicial en Turquía.