A más de un año de la denuncia contra el jefe comunal, la jueza penal de garantías Paola Beatriz Nagele Albrecht dispuso el sobreseimiento de ambos políticos. Sin embargo, los denunciantes se opusieron a la decisión y presentaron una apelación, al considerar que existen varios indicios que justifican la continuidad de la investigación.

La denuncia había sido presentada por un grupo de abogados de dicho distrito por los supuestos hechos de lesión de confianza y enriquecimiento ilícito en la función pública. Los denunciantes sindicaron a Ríos y a Silguero Medina de ocasionar presuntos daños patrimoniales a la Municipalidad de Minga Guazú mediante el direccionamiento de licitaciones públicas.

La acción fue promovida por la abogada Mónica Ramírez, acompañada por otros dos profesionales del derecho, Eloi Borges y José Pereira, estos últimos en calidad de patrocinantes.

Mediante el AI N.º 1603, de fecha 9 de octubre pasado, la jueza penal de garantías Paola Beatriz Nagele Albrecht dispuso el sobreseimiento de los investigados. Entre los argumentos, se menciona que, tras solicitar informes a varias instituciones e instancias sobre los procesos licitatorios cuestionados, no se encontraron elementos que permitieran determinar la existencia de hechos punibles.

“El proceso penal no puede mantenerse abierto de manera indefinida con la única finalidad de continuar buscando, de forma indeterminada, elementos que eventualmente permitan construir posteriormente una hipótesis delictiva. La investigación penal debe partir de hechos concretos y, una vez realizadas las diligencias razonablemente conducentes para su esclarecimiento, corresponde adoptar la decisión procesal pertinente conforme al resultado obtenido”, refiere la resolución.

El sobreseimiento fue solicitado por la propia fiscal Julia González y ratificado por el fiscal adjunto Celso Sanabria, por lo que la magistrada hizo lugar al pedido y dispuso el cierre de la causa.

Sin embargo, los denunciantes se opusieron a la decisión y presentaron una apelación contra la resolución. El expediente quedó ahora en manos del Tribunal de Apelación, integrado por los magistrados Nilda Cáceres, Raúl Insauralde y Marta Acosta.

La denuncia describe presuntas irregularidades en procesos licitatorios en los que varias empresas habrían resultado beneficiadas con millonarios contratos.

Una de ellas es la firma Infominga, de Roque Milciades Gamarra Folgiarino, que habría sido adjudicada con 13 licitaciones, ocho de ellas mediante contratación directa, por un monto superior a los 2.200 millones de guaraníes. Según la denuncia, la empresa habría resultado beneficiada incluso en procesos en los que no reunía las condiciones correspondientes a su categoría de proveedor.

En cuanto a la empresa Construconsult SA, vinculada a Deysi Bareiro, Carlos Bareiro y Felicia Carlona Velázquez Alonso, los denunciantes sostienen que se le adjudicaron obras por más de 230 millones de guaraníes, pero no existen registros que acrediten la finalización de los trabajos.

Asimismo, cuestionan las adjudicaciones a la firma Constructora Dos Hermanos, de Diego Guillermo Franco Vargas, que habría recibido contratos por más de 270 millones de guaraníes. Según los denunciantes, en estos casos se habrían producido sobrefacturaciones y no se habrían realizado verificaciones de los precios de mercado.

La acción también incluye un apartado referente al concejal José Mercedes Silguero Medina, a quien los denunciantes acusan de utilizar recursos municipales para financiar invasiones de tierras correspondientes a excedentes fiscales.