Agentes de la Receita Federal y la Policía Federal del Brasil ejecutaron este jueves una mega operación denominada Anemia. La investigación busca desmantelar una organización criminal supuestamente responsable de ingresar gran cantidad de contrabando desde Paraguay al vecino país. La sospecha apunta a una organización criminal integrada por funcionarios públicos y personas con antecedentes.

Según la investigación, el grupo se encargaría de introducir a Brasil productos ilegales desde Paraguay para luego enviar a clientes en los estados de São Paulo, Río de Janeiro, Rio Grande do Sul, Goiás y Brasilia. Las mercaderías terminaban en ciudades donde se ubican grandes comercios y comercios populares que venden productos electrónicos importados irregularmente.

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A lo largo de las investigaciones se encontraron indicios de actividades ilícitas y lavado de dinero. Las cuentas bancarias relacionadas con los investigados contenían montos provenientes de personas con antecedentes penales por contrabando, malversación y blanqueo de capitales.

Su funcionamiento se destacó en siete núcleos, los cuales operan de manera estructuralmente ordenada y caracterizados por la división de tareas: núcleo gerencial, núcleo logístico, núcleo financieros, núcleo contadores, núcleo de cambistas u operadores financieros, núcleo de compradores y núcleo de laranjas, como se denominan a los que transportan las mercaderías.

Se identificó que, con el desarrollo de actividades delictivas promovidas por el grupo, comenzaron a adquirir productos directamente a proveedores de los Estados Unidos, China y Hong Kong, por lo que las ciudades paraguayas de la región fronteriza pasaron a servir únicamente como almacenes. Las mercancías recibidas a través de servicios postales internacionales.

Para operacionalizar los pagos a proveedores ubicados en estos países, la organización criminal habría estructurado una compleja red de empresas nacionales y offshore que, mediante el uso de criptomonedas, realizarían evasión cambiaria y lavado de dinero. Sólo en una de las empresas, constituida a nombre de un empleado, movió aproximadamente 700 millones de reales sin los correspondientes ingresos declarados.

Funcionarios públicos activos e inactivos

La organización cuenta con financistas, muchos de ellos servidores públicos, que invierten recursos y luego comparten las ganancias de las actividades delictivas. Además contadores y operadores financieros integraban el esquema con la función de dar apariencia legal y flujo financiero a los negocios realizados.

Utilizando empresas fantasma, sin capacidad operativa aparente y flujos contables simulados, los delincuentes registraron ingresos ficticios, sin respaldo de documentos de ventas o servicios, para sustentar la distribución de ganancias a los socios y disfrazar el origen ilícito de los recursos.

Orden de allanamiento y de detención

Los indicios identificados dieron lugar a la decisión judicial de ejecutar órdenes allanamientos en domicilios vinculados a los investigados, con miras a probar y recabar nuevas pruebas de los delitos representados.

El operativo contó con la participación de aproximadamente 34 interventores fiscales de la Receita Federal y 220 agentes de la Policía Federal que ejecutaron, en total, 53 órdenes de allanamiento e incautación y 7 órdenes de aprehensión preventiva. Las órdenes fueron ejecutadas en ciudades de los estados de Paraná, Santa Catarina, São Paulo y Río de Janeiro.

Incautan más de G. 160 millones en productos de presunto contrabando

Las órdenes judiciales emitidas por el 9º Juzgado Federal de Curitiba prevén el secuestro, bloqueo e incautación de bienes inmuebles, vehículos, dinero en efectivo, obras de arte, joyas, criptoactivos y otros artículos de lujo o de alto valor encontrados.