Miembros del directorio de ueno bank, empresa amiga del presidente de la República, Santiago Peña, realizaron el viernes último una visita oficial al Decanato de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), buscando establecer una alianza con la casa de estudios de educación superior.

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Según se puede leer en la publicación difundida en redes sociales por la Facultad de Derecho, el objetivo de la reunión fue “explorar futuras alianzas estratégicas” que beneficien a los estudiantes y colaboradores de la institución.

“Esta iniciativa busca fortalecer los vínculos entre el sector académico y el sector financiero, apostando al desarrollo conjunto de oportunidades de formación, prácticas profesionales e innovación”, dice la misma publicación.

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En la foto tomada, se puede ver por ejemplo al decano de Derecho - UNA, Carlos González Morel, y a Karen González Orrego, jueza en lo Civil y Comercial del 17° turno de Asunción. Orrego es esposa de Jorge Bogarín Alfonso, extitular del Jurado de Enjuiciamientos de Magistrados (JEM) y declarado “significativamente corrupto” por el gobierno de Estados Unidos.

Procurador General de la República ¿se negó a salir en la foto?

El procurador General de la República y vicedecano de Derecho - UNA, Marco Aurelio González, fue parte del encuentro con los directivos de ueno bank, según indicaron a ABC los presentes en la reunión. González, sin embargo, no aparece en la foto difundida por redes sociales.

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El pasado 10 de julio, Santiago Peña, propuso la designación de González, como nuevo miembro del Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP). La propuesta fue remitida al Congreso Nacional para su aprobación y, de concretarse, González asumiría el cargo el próximo 15 de agosto.

De concretarse un acuerdo entre ueno bank y Derecho UNA, existe una elevada preocupación por la divulgación de información de los estudiantes universitarios. El sábado, justamente, el Movimiento Renovación Gremial, emitió un comunicado en el que muestran su descontento por la divulgación de datos personales, indicando que es una falta “grave falta ética y legal”.

ABC intentó comunicarse con el Procurador General de la República, pero este no respondió llamadas ni mensajes.