Pro bono deriva de la frase latina “pro bono público”, que se refiere a acciones realizadas por el bien público, de manera voluntaria y gratuita. Uno de los materiales informativos del programa de Abogacía Pro Bono del Centro Interdisciplinario de Derecho Social y Economía Política (CIDSEP) de la Universidad Católica aclara que no se trata de un favor, sino de la responsabilidad social y ética de los abogados.

Al suscribirse al Compromiso Pro Bono, los profesionales asumen la responsabilidad de prestar los servicios legales con los mismos estándares de calidad y solvencia como si fueran servicios pagados, un mínimo de 20 horas al año.

En entrevista con Abc, la abogada Mónica Cáceres, coordinadora del programa, recuerda que con la Resolución Nº 21 de fecha 17 de marzo de 2011, mediante la que la Universidad Católica declaró el interés académico y universitario de la propuesta, se dieron los primeros pasos para la promoción y difusión del Trabajo del Pro Bono legal.

A partir de ahí, se han realizado distintas actividades para difundir el modelo de servicio legal gratuito, atendiendo y derivando las solicitudes de atención pro bono, realizando charlas y ejecutando proyectos.

El punto de partida del programa de Abogacía Pro Bono

En 2012, con la suscripción del CIDSEP UC a la Declaración de Trabajo Pro bono para el Continente Americano, en el marco de su línea de acción consistente en la Promoción del Acceso a la Justicia, el programa ganó impulso.

“Se empezó de a poco gracias al apoyo de organizaciones internacionales como la Fundación Pro bono de Chile, Tambali Just et Commerce de Igualada, España. Luego otras organizaciones como el Colegio de la Abogacía de Barcelona, el Cyrus Vance Center del Colegio de Abogados de Nueva York, la Tinker Foundation de Estados Unidos de América, la revista británica Latin Lawyer y por supuesto con el importante apoyo del Colegio de Abogados del Paraguay anteriormente, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas de la UCA, y otras organizaciones locales para determinados proyectos”, señaló.

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Cáceres recuerda que empezaron con un equipo constituido por una coordinadora general, una coordinadora de atención y derivación de casos, un abogado junior y estudiantes voluntarios para atención y seguimiento de distintos casos. Actualmente, además del equipo de trabajo del CIDSEP, el programa cuenta con una coordinación general y estudiantes voluntarios pro bono, 45 abogados independientes y 12 estudios jurídicos adheridos.

Conflictos familiares y laborales lideran consultas

“En principio la mayoría de los casos eran del ámbito familiar puesto que la Defensoría pública no contaba con especialidades como ahora lo están logrando”, explicó Cáceres.

A la fecha, el programa ha recibido más de 800 solicitudes de diferentes áreas como violencia doméstica, disolución de comunidad conyugal, abandono de hogar, abuso sexual, denuncia fiscal, desalojo, hogar de refugio, prestación alimentaria, trámite de documentos para adopción, despido injustificado, descuento compulsivo, tutela y régimen de relacionamiento.

La lista sigue con medida cautelar de protección, conflicto de vecindad, pedido de revisión de expedientes, trámite para gestionar viajes, homicidio por accidente de tránsito, trámite jubilatorio, conflicto escolar y asesoría legal a organizaciones sociales sin fines de lucro que trabajan para sectores vulnerables.

“Imposible citar cuales son los más requeridos, pero ciertamente aquellos que corresponden al derecho de familia, niñez y trabajo son los más solicitados” señaló nuestra entrevistada.

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“Cada año, en consulta con la red local se decide que tipo de servicios prestar y para el presente año se acordó atender solicitudes pro bono de asesoramiento legal, asistencia e intervención judicial y/o administrativa, dictámenes y/o investigaciones breves provenientes de las siguientes áreas temáticas: niñez en riesgo, trabajo, ambiente, DDHH, legislación, investigación, que tengan que ver con cuestiones civiles, cuestiones de familia, cuestiones laborales, amicus curie”, explicó la coordinadora.

Requisitos para acceder al servicio

Los servicios pueden ser solicitados tanto por ciudadanos como por organizaciones sin ánimo de lucro que trabajan para sectores vulnerables, instituciones cívicas, culturales y educativas que sirvan al interés público, y los requisitos son los siguientes:

No contar con recursos económicos para pagar honorarios de abogados que pueda certificarse por cualquier medio.No contar con la asistencia de un abogado defensor público o privado.Si se trata de un litigio, la atención dependerá de si existen abogados pro bono en la jurisdicción.Se entiende como sectores vulnerables, aquellas personas que, por razón de su edad, género, estado fisico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, (100 Reglas de Brasilia) no tienen posibilidades de acceso a justicia.Presentar toda la documentación que se refiere al caso que se consulta, cuando corresponda (certificados, denuncias, etc.) sin los cuales no se puede derivar la atención al abogado/a Pro bono.Todos los servicios prestados

La asesoría legal que brindan los abogados pro bono es totalmente gratuita, sin embargo, los costos que se deriven de la asesoría quedan a cargo del solicitante. Excepcionalmente, el Programa puede proveer de fondos para pequeños gastos de justicia como notificaciones y fotocopias.

Se prioriza la atención de de personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad y mujeres víctimas de violencia.

Casos sobre divorcio, aborto y personas privadas de libertad están excluidos.

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Consultas individuales sobre cualquier materia legal, asistencia, asesoramiento, charlas y talleres sobre temas legales a organizaciones sin fines de lucro también hacen parte de los servicios prestados.

De hecho, ya han realizado más de 40 encuentros de difusión, educación legal, 25 investigaciones legales y 5 proyectos ejecutados.

¿Cómo contactar?

Las oficinas del CIDSEP UC quedan en la calle Alberdi 855, planta alta, casi Piribebuy, centro de Asunción.

Los días de atención presencial son los jueves de 15.00 a 17.30 hrs.

Pueden escribir al correo probonocidsep@gmail.com o también a través de sus redes sociales.

“No se atienden casos penales puesto que para ello existe la Defensoría Pública, y el pro bono no compite, sino que complementa y colabora. El pro bono es un compromiso voluntario y gratuito que se hace desde el corazón. Excepcionalmente se puede atender casos de víctimas de hechos punibles según su importancia y también estamos dispuestos a hacer acuerdos con la Defensoría Pública para aquellos casos excepcionales”, indicó.

Es importante precisar que no se atienden casos de urgencia puesto que el procedimiento de atención consiste en recibir la solicitud, estudiar si se reúnen los requisitos, luego se consulta a la red y finalmente se pone en contacto a la persona u organización con el abogado o estudio jurídico que acepta atender el caso.

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La Oficina de Coordinación del Programa se reserva el derecho de admisión de las solicitudes de asistencia legal gratuita, pues al tratarse de un trabajo voluntario, depende de que algún abogado o estudio jurídico asociado acepte el caso.

Expansión a nivel nacional, la meta

“Tenemos la idea de expandir el programa en todo el territorio nacional, especialmente en aquellas ciudades donde existen facultades de derecho, en particular la Universidad Católica, puesto que el CIDSEP es un centro creado por dicha universidad, estableciendo puntos focales para la organización, promoción y difusión del trabajo pro bono”, resaltó.

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“La pandemia nos obligó a reinventarnos para seguir pues aún queda mucho por hacer y esperamos que tanto las autoridades de gobierno de la Universidad Católica como los profesionales abogados, Estudios Jurídicos, escuelas de derecho en particular, comprendan la importancia de esta iniciativa innovadora, pues el pro bono legal no solo beneficia a quien lo recibe sino también a quien lo presta”, expresó Cáceres.