La Coordinación Operativa de Investigación Aduanera (COIA) había incautado el 24 de noviembre de 2019 un camión que había salido, sin realizarse los trámites necesarios, de la zona aduanera de Encarnación. El cargamento con productos electrónicos varios había sido valuado entonces en US$ 3 millones, según los antecedentes.

La mercadería figuraba a nombre de las empresas OVF SA e Importadora GECU SA, aunque el empresario árabe Ahmad Khalil Chams se presentó como el responsable.

Chams para justificar la carga presentó facturas a nombre de Electroshop System SRL de supuestas compras de empresas ubicadas en China y Estados Unidos.

Según Electroshop System SRL, sus proveedores eran Twinovo Inbternational Trading Corpo., PC Center y Universal Trading Company Inc. Los comprobantes tenían las fechas 09/11/2019, 02/11/2019 y 11/11/2019 y por montos de US$ 60.400, US$ 74.500 y US$ 197.000, respectivamente, totalizando así unos US$ 331.900.

Sin embargo, un documento de la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (Homeland Security Investigations, en inglés) dependiente de Departamento de Seguridad Nacional informó el viernes último a la Aduana paraguaya que “no se encontraron transacciones comerciales de exportaciones, asociadas a los comprobantes presentados por la importadora de nuestro país, es decir, serían falsificadas.

Esta importadora es una de las que está bajo la mira por la supuesta presentación de documentos no auténticos y que aparece en el documento oficial de Estados Unidos que ya está en manos de la Fiscalía.

Nuestro diario contactó con Ahmad Khalil Chams para conocer su versión sobre el informe de EE.UU. El empresario árabe acusó directamente al director de Aduanas, Julio Fernández, de falsificar el informe remitido por ese país.

Afirmó que todos sus comprobantes son legales. “Julio Fernández es el corrupto. Presentaré una denuncia formal ante la Embajada de Estados Unidos por falsificación”, señaló.

Los antecedentes evidencian que la incautación de esta carga de mercadería había derivado en denuncias cruzadas entre el director de Aduanas, Julio Fernández, y el senador colorado cartista Martín Arévalo. Fue ante la Comisión Especial de Seguimiento al Combate del Contrabando.

Fernández denunció entonces al legislador por supuesto tráfico de influencias. Incluso dijo que el mismo formaba parte de lo que denominan el “mecanismo paraguayo” de “asociación criminal” para el tráfico de electrónicos de contrabando.

Por su parte, el senador había acusado a Fernández de ser responsable legal del robo de contenedores con una carga valorada en US$ 3 millones del depósito privado Gical alquilado por Aduanas. “Esta es una rosca mafiosa, que se puso de acuerdo para asaltarle al Estado”, decía el legislador.

Los registros detallan que la carga luego de ser calificada como contrabando fue vendida por concurso de precios a la firma Emeku SA, en la que aparecen como directivos Mario Daniel Quiñónez Cattebecke –ligado a la prófuga Dalia López–; y el excandidato colorado a la intendencia de Ybytymí, Denis Vera Giménez.