La asociación explicó este martes a EFE que ha recibido múltiples quejas sobre los supuestos fallos en el sistema de localización de detenidos establecido desde 2010 por ICE.

“Básicamente, las personas detenidas están desapareciendo del sistema de localización en todo el país”, dijo a EFE Heather Hogan, asesora jurídica de políticas y prácticas de AILA.

El sistema de localización de solo cuatro centros de detención de ICE en todo el país estarían funcionando normalmente. Dichas cárceles, ubicadas en California, Nueva York, Illinois y Minesota, estarían sujetas a litigios en curso que le obligan a la agencia migratoria a informar sobre la ubicación de los detenidos.

La agencia tenía detenidas a 65.765 personas en todo el país el 11 de julio, según los últimos datos recopilados por el centro TRAC de la Universidad de Syracuse.

La falta de información afectaría únicamente a inmigrantes que tienen órdenes definitivas de expulsión, lo que permite a las autoridades migratorias expulsarlos con rapidez, alertó la abogada.

La medida también dificulta que los abogados presenten recursos de habeas corpus, el mecanismo legal mediante el cual una persona detenida puede pedir a un tribunal que revise si su detención es legal y, cuando corresponde, ordene su liberación.

“Resulta muy difícil para los abogados seguir adelante con sus casos cuando no saben dónde se encuentran sus clientes y las familias se encuentran desesperadas porque no saben si la persona ha sido deportada”, indicó Hogan.

Esto podría, además, reducir el tiempo disponible para que una persona impugne su detención o deportación antes de que ICE ejecute su traslado o expulsión, añadió la abogada.

El sistema no permitiría la ubicación de los inmigrantes desde el pasado 15 de septiembre, según los datos de la asociación.

Ni ICE ni del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) dieron confirmación oficial sobre el sistema de localización de detenidos.

El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, ha puesto el acelerador para lograr detener y deportar un millón de inmigrantes al año, como fue su promesa de campaña para su segundo mandato.