Alfonso Noria (colorado cartista) fue gobernador del departamento de Canindeyú y está por asumir una banca en la Cámara de Senadores en reemplazo de Gustavo Leite (colorado cartista). El abogado Luis Vera, representante legal de las familias expulsadas del asentamiento San Miguel, refirió que Noria sería uno de los que quiere adueñarse de la finca en conflicto y quien presuntamente ordenó el desalojo realizado el 3 de junio, encabezado por una comitiva policial y un oficial de justicia.

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Esto se sustancia con la obtención de algunas evidencias dentro de la finca en cuestión, principalmente porque, según denunció el abogado Vera, desde el día del desalojo se encuentran en el lugar algunos parientes cercanos del político colorado, portando armas de grueso calibre de uso militar y fungiendo como guardias de seguridad, además del intenso trabajo dentro del inmueble.

Denuncia

El abogado Luis Vera explicó que la denuncia en contra César Abente, domiciliado en Asunción, y Alfonso Noria, con dirección de residencia en Curuguaty (Dpto. de Canindeyú) es por la comisión de graves hechos que afectan al medioambiente y al derecho de posesión legítima de la comunidad San Miguel. Alega que las familias afectadas por el desalojo eran ocupantes de este predio de poco más de 2.000 hectáreas desde hace más de 9 años, con las documentaciones en proceso de legalización.

Refirió que el desalojo se realizó con una resolución judicial ya prescrita. Dicho juicio corresponde al año 2019, por lo que el expediente ha perdido vigencia legal por el paso del tiempo, sin ejecución válida, por lo que el actuar de los denunciados fue abusivo e ilegítimo, explicó. Además, denuncia que durante dicho acto los intervinientes procedieron a la destrucción de unas 230 viviendas hechas de materiales ecológicos, eliminación de cultivos de subsistencia y robo de 22 cabezas de ganado, subrayó.

Deforestación

Asimismo, mencionó que desde ese momento hasta la actualidad, estas personas se encuentran realizando una deforestación intensiva, empleando al menos seis máquinas pesadas, como retroexcavadoras, topadoras, palas mecánicas, entre otras, con el objetivo de desmontar aproximadamente 2.000 hectáreas, muchas de las cuales corresponden a áreas de vegetación nativa y bosque natural.

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Pedido de intervención

En lo que corresponde a la denuncia, señaló que se solicita la urgente intervención del Mades para la inspección y paralización inmediata de las actividades de desmonte. También la apertura de un sumario administrativo y penal correspondiente, con la aplicación de medidas cautelares ambientales en la zona afectada y la remisión del expediente a las autoridades judiciales competentes.

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Alfonso Noria dijo no tener “nada que ver” con el inmueble en conflicto. Agregó que “la propiedad tiene su dueño y para eso están los documentos que avalan de quién es y creo que tienen que preguntarle al dueño” e hizo referencia a Guillermo Martínez Abente.

Guillermo Martínez Abente dijo que él y su hermano, César Martínez Abente son dueños del inmueble. Indicó que desde el momento que los desalojados invadieron la propiedad privada perdieron su derecho de ser sujeto a la reforma agraria.

Señaló que fueron los presuntos ocupantes ilegales quienes deforestaron y destruyeron el inmueble.

Mencionó que crearon dos o tres comisiones y ninguna fue recocida por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert). También que en la administración del periodo anterior, la Municipalidad de Maracaná avaló una comisión de Yrybucuá (departamento de San Pedro) para realizar gestiones a favor de los presuntos invasores.

También indicó que en el año 2019 un juez emitió una prohibición de ingresar al inmueble, pero que igualmente invadieron.

Con respecto a los guardias armados, enfatizó que el Código Civil le autoriza a resguardar y a defender su propiedad, y que si es necesario contrataría 150 guardias armados para conseguir que se respeten sus derechos sobre el inmueble.