La granja avícola funcionaría a solo 800 metros de zonas residenciales, con la presunta complicidad de autoridades municipales y ambientales, explicó el dirigente de la Contraloría Ciudadana del distrito, comisario (SR) Blas Ramírez.

Agregó que los habitantes de las fracciones Nuevo Amanecer, Espíritu Santo, Pura Vida, Cerros de Paraguarí y Divina Esperanza, ubicadas en la circunvalación hacia Villarrica, formalizaron una denuncia ante el Ministerio Público de Paraguarí, dirigida a la Unidad Especializada del Medio Ambiente. Exigen una investigación exhaustiva, la paralización inmediata de las obras y el traslado del proyecto a una zona no poblada.

La denuncia apunta directamente a la comisión de hechos punibles graves como "contaminación del aire y emisión de ruidos dañinos, Procesamiento Ilícito de desechos, declaración falsa y alteración de datos relevantes para la prueba".

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El petitorio presentado ante la Fiscalía es claro: se exige una investigación preliminar con peritos forenses del Ministerio Público para contrastar las circunstancias reales con los datos y documentos utilizados para la aprobación del plano de construcción.

Asimismo, se reitera la solicitud de que el proyecto sea reubicado en una zona despoblada a fin de proteger la salud pública y el medio ambiente de la comunidad y que se impriman los trámites necesarios ante el Juzgado Penal de Garantías para el cese inmediato de las actividades constructivas, hasta tanto se esclarezcan los hechos punibles denunciados.

Además, piden que los camiones pesados de la granja ya no pase en medio de la urbanización porque tienen acceso directo para salir a la ruta.

Denuncia de “habilitación a cambio de ingresos”

Según el escrito presentado ante la Fiscalía, existen indicios de que el municipio habría dado “vía libre” al proyecto con el objetivo de percibir ingresos por el derecho a la construcción y la aprobación de planos, ignorando deliberadamente la existencia de cientos de familias que invirtieron sus ahorros en la zona con fines residenciales y turísticos.

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El intendente de Paraguarí, Marcelo Simbrón (ANR), se refirió a la controversia por la instalación de la Granja Avícola San Miguel, ubicada a pocos metros de urbanizaciones cercanas al cerro Santo Tomás. Explicó que la Municipalidad aprobó el plano de construcción tras la presentación de todas las documentaciones requeridas por ley, y que la empresa abonó G. 170 millones en concepto de impuestos municipales.

Añadió que el emprendimiento prevé una inversión aproximada de 130 millones de dólares cuando esté plenamente operativo.

Será solo granja de cría de pollitos

El proyecto no corresponde a una gallinería tradicional, sino a una “granja matriz” destinada a la producción genética y cría de pollitos, que luego serán distribuidos a empresas del sector avícola. Precisó que la responsable es Fátima Morales, representante de la empresa Vector S.R.L., y que el complejo se levantará en unas 200 hectáreas, con siete galpones y laboratorios automatizados de alta bioseguridad.

Consultado sobre las preocupaciones vecinales, el jefe comunal reconoció que toda actividad industrial genera cierto impacto ambiental, pero aseguró que los responsables presentaron tecnología y equipamientos para evitar olores y residuos contaminantes. Agregó que el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) es la institución que otorgó el permiso ambiental y que, según sus registros, el predio se encuentra en zona rural, no urbana.

Finalmente, el intendente señaló que la suspensión o continuidad de las obras dependerá de la decisión judicial ante la denuncia presentada por los vecinos. Advirtió que, en caso de comprobarse malos olores, proliferación de moscas o daño ambiental, la Municipalidad actuará y presentará la denuncia correspondiente ante la Fiscalía del Medio Ambiente.