Ignacio Rafael Piccardo Martínez presentó una nueva denuncia ante la Unidad Especializada de Derechos Humanos del Ministerio Público contra el fiscal Aldo Cantero por los presuntos hechos punibles de prevaricato, persecución de inocentes y otros. En el petitorio, solicita que se impute al agente fiscal por los hechos mencionados, como también la remisión de los antecedentes al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), a los efectos del trámite de desafuero.

La denuncia se basa en la causa abierta contra Piccardo y su hija a raíz de una denuncia realizada contra ambos por parte de Cynthia Arenas por presunta estafa, apropiación y lavado de activos realizada en octubre del 2022 (Causa N° 8913/2022).

La misma fue abierta por la Unidad Penal N° 9, entonces a cargo de la fiscal Mercedes Vera Monges. Según relata Piccardo, su vínculo con la denunciante de esa causa se originó en un contacto comercial aislado del año 2018, que no llegó a concretarse, y derivó, a partir de junio de 2022, en una sociedad comercial de hecho entre ambos.

En el marco de esa sociedad comercial, asegura que utilizaron indistintamente cuentas y estructura comercial, con pleno conocimiento y anuencia de la denunciante, para la operatoria conjunta que luego dio lugar a los hechos investigados a raíz de la compra de dos vehículos y presunto acuerdo de provisión vinculado a la Licitación Pública Nº 16/2022.

Denuncian al fiscal Aldo Cantero por supuesto uso de documentos no auténticos

Sobreseimiento provisional de Piccardo y su hija

Siempre según el relato de Piccardo, tras aproximadamente seis meses de investigación, y ante la presentación de prueba documental favorable a su parte, el Juzgado Penal de Garantías Nº 1 dictó, el 10 de abril de 2024 el auto interlocutorio N° 720, por el cual se decretó su sobreseimiento provisional, junto con el de su hija por las causas de estafa, apropiación y lavado de activos.

En el mismo documento se ordenó la realización de pericias caligráficas y contables sobre la documentación incorporada por la unidad penal, la pericia informática de extracción de datos de dos teléfonos celulares y una casilla de correo electrónico y diversas testificales, y diligencias complementarias.

“Dichas diligencias no fueron cumplidas en su totalidad. En especial, la pericia informática ordenada nunca fue objeto de resolución ni de realización alguna, pese a la desidia investigativa que advertí en la propia Unidad Penal Nº 9″, indica el ahora denunciante en su escrito.

Agrega que en fecha 11 de septiembre de 2024, la agente fiscal María Estefania González dejó constancia expresa de que el hecho punible de lavado de activos no existió, solicitando que la investigación continúe únicamente por estafa y apropiación, pero pese a ello, en ningún requerimiento posterior se dio curso formal a esa constatación.

Aldo Cantero no será juez de Garantías

Cuestionó además que rechazaron la integración de su perito propuesto, como también que las pericias realizadas tanto por la designada por el juzgado, como por la propuesta por la querella adhesiva en su causa, presentaron serias inconsistencias, por las que realizó otra denuncia el 17 de agosto por supuesto uso de documentos no auténticos.

Designación de Aldo Cantero a la causa

El 9 de abril de 2025, a raíz de la recusación contra la fiscal Mercedes Vera Monges, fue designado provisoriamente Aldo Rodrigo Cantero Colmán, quien pocas horas después de asumir la causa, presentó el requerimiento conclusivo, solicitando la reapertura del proceso y formulando acusación con requerimiento de elevación a juicio oral y público en contra de Piccardo y su hija.

Piccardo detalló que el lapso de tiempo de la presentación de este requerimiento conclusivo fue de apenas tres a cuatro horas de la designación de Cantero, considerando que el cuaderno de investigación fiscal se compone de 10 tomos y 9 anexos, con un total aproximado de 3.500 fojas, sin considerar el cotejo con las diligencias pendientes y con el estado procesal vigente del sobreseimiento provisional.

También Piccardo mencionó en su denuncia que en octubre de 2025, con posterioridad a la reapertura y acusación, recibió de parte de uno de los abogados de la querella adhesiva, Alvaro Cáceres Alsina, una propuesta de arreglo por G. 100.000.000 frente a un daño patrimonial invocado de aproximadamente G. 1.600 millones, lo cual fue presentado como indicio de que la parte querellante era consciente de las irregularidades del proceso y buscaba evitar que las mismas quedaran expuestas.

Aldo Cantero “sumó” su participación para favorecer a los exsocios de Santi

Explica en su escrito que el prevaricato se da cuando el juez, árbitro u otro funcionario que, teniendo a su cargo la dirección o decisión de algún asunto jurídico, resolviera violando el derecho para favorecer o perjudicar a una de las partes, será castigado con pena privativa de libertad de dos a cinco años. En los casos especialmente graves la pena privativa de libertad podrá ser aumentada hasta diez años.

Antecedentes de denuncias contra Aldo Cantero

Esta no es la primera denuncia realizada contra Aldo Cantero en el marco de la misma causa en la que intervino como fiscal interino. El 17 de agosto Piccardo denunció a Cantero por el supuesto delito de uso de documentos no auténticos en el marco del mismo proceso abierto contra el denunciante.

“Se hizo aparecer como emanado y suscripto electrónicamente por la Dra. María Estefanía González Arévalo un escrito que ella no redactó ni firmó y se utilizó su clave privada de acceso al sistema de gestión de expediente electrónico del Poder Judicial, sin su intervención ni autorización, lo que compromete además la validez de todo lo actuado en consecuencia”, reza el escrito de denuncia presentado por Piccardo en aquella oportunidad.

Este alega que la presentación supuestamente irregular de la solicitud de intervención de Cantero “genera nulidad procesal” y, por lo tanto, la vinculación de ese agente fiscal no es válida.

Mario Abdo recuerda que Aldo “canta 50″ Cantero“ evidenció manipulación” de la Fiscalía

El fiscal Aldo Cantero ha sido cuestionado por sus actuaciones en varios casos de alto perfil, entre ellos la imputación al expresidente Mario Abdo Benítez (2018-2023) por la supuesta filtración de datos confidenciales vinculados a su predecesor en el Palacio de López, el expresidente Horacio Cartes (2013-2018).

Mensajes filtrados entre el fiscal Cantero y el abogado Pedro Ovelar, representante legal del expresidente Cartes, sugerían que la imputación contra el expresidente Abdo y otros exmiembros de su gabinete fue “cocinada” y coordinada bajo instrucciones directas del cartismo. La revelación de esos chats llevó a que Cantero fuera separado de esa causa.

En otro caso, una conversación telefónica grabada entre el abogado Carmelo Caballero y Raúl Fernández Lippmann, en ese entonces secretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y mano derecha del fallecido senador colorado Óscar González Daher, insinuaba que Cantero solicitaba sobornos para proceder con imputaciones o diligencias judiciales a medida.