Nota mediante, el abogado Nelson López Ruiz salió al paso de la publicación titulada “Fiscal Pak, en el ojo de la tormenta”, publicada en nuestra edición del 23 de febrero pasado. El material periodístico tiene relación con el juicio impulsado contra el fiscal Deny Yoon Pak ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y resalta que se le dio curso en momentos en que se encuentra en plena audiencia preliminar en el causa abierta a partir del megaoperativo contra el narcotráfico A Ultranza y luego de que se opusiera a una directiva de la fiscalía general del Estado, de cerrar el caso de del avión iraní.

La publicación destaca además, que llamativamentem el inicio de esta investigación al agente fiscal de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico no fue tratado en sesión pública y tampoco se notificó al enjuiciado, que justamente ahora se encuentra en concurso para seguir en función, pues su mandato feneció el año pasado.

López, quien ejerce la defensa de María Virginia Araki, esposa del extraditado Federico Santoro, afirma que la acusación se realizó el 21 de noviembre del 2024, en ejercicio legítimo y personal de sus derechos fundamentales, en particular del derecho a la defensa y al debido proceso, consagrados en nuestra Constitución Nacional y en los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por nuestro país.

El defensor asegura que no se trata de una denuncia oportunista ni coincidente con la futura reelección en el cargo del agente fiscal, sino se debió a que el Ministerio Público “ha soslayado las pruebas exculpatorias y no ha aportado ninguna evidencia que acredite la comisión del hecho” imputado a su defendida. Además, sostiene que la actuación de Pak en la causa A Ultranza, “ suscita serias dudas respecto al respeto de los principios fundamentales que rigen nuestro sistema judicial”.

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“Resulta ineludible recordar que, en un Estado de Derecho, cada agente del Estado debe actuar en estricto apego a la normativa vigente. La administración de justicia, y en particular el Poder Judicial en el ámbito penal, tiene la responsabilidad de garantizar el respeto a las garantías fundamentales, evitando prácticas que puedan constituir abuso o arbitrariedad. Por ello, cuando se vulnera el derecho a la libertad o a una defensa efectiva, es imperativo que los órganos jurisdiccionales y de control investiguen de forma exhaustiva y objetiva los hechos, aplicando las medidas de rendición de cuentas que impone la ley”, restaltó López.

“Con la denuncia presentada no se solicita la remoción del fiscal, sino la adopción de medidas que aseguren una investigación minuciosa y transparente de las actuaciones que, según se alega, han vulnerado el derecho a una defensa efectiva y a la libertad. Este reclamo se enmarca en la necesidad de garantizar que todos los procedimientos judiciales se conduzcan de manera imparcial, restaurando así la confianza en el sistema de justicia”, agregó el profesional.

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La acusación contra fiscal de casos emblemáticos

María Virginia Araki fue acusada por Pak por la supuesta comisión de los hechos punibles de lavado de activos provenientes del narcotráfico y asociación criminal. Por otro lado, su esposo, el uruguayo Federico Ezequiel Santoro Vassallo, fue extraditado el 11 de julio de 2024 a los Estados Unidos, donde registra una causa abierta por la supuesta comisión del hecho de conspiración.

En ese marco del mismo proceso, en Paraguay se le otorgó a Santoro un criterio de oportunidad. Con esto, en caso de ser absuelto en el país del norte o la pena sea inferior, debe volver a Paraguay, donde se expone a una pena de 5 a 22 años.

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El abogado Nelson López, es hermano del representante de la Cámara de Senadores Édgar Idalino López Ruiz, quien fue expulsado del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) por un plazo de 20 años, por su estrecha vinculación al cartismo. El mencionado profesional también ejerce la defensa del pastor José Alberto Insfrán Galeano, acusado en el caso A Ultranza, al igual que su hermano Miguel Angel Insfrán, alias “Tío Rico”, este último sindicado como líder de una organización dedicada al narcotráfico internacional junto con el uruguayo prófugo Sebastián Marset.