A cuatro meses de haber presentado una denuncia penal contra el presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez, el funcionario del Congreso y denunciante Rubén Penayo afirma que el Ministerio Público no le informó si abrió una carpeta fiscal ni lo convocó para ratificar su presentación o aportar nuevos elementos.

Penayo realizó la primera presentación el 11 de mayo de 2026, en la que planteó la existencia de posibles hechos punibles relacionados con la administración de recursos públicos y contrataciones realizadas durante la gestión de Núñez al frente del Congreso y del Senado.

“El Ministerio Público hasta ahora no me ha convocado para ratificar o pedirme más datos”, afirmó Penayo, quien señaló además que desconoce si la denuncia ya derivó en una investigación formal.

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Según el denunciante, la falta de información resulta llamativa debido al tiempo transcurrido. “Ya llevan cuatro meses sin informar acerca de la apertura o no de una carpeta fiscal”, sostuvo.

Denunciante teme que se prepare terreno para el blanqueo

Penayo manifestó su preocupación por el efecto que podría tener la demora en una eventual investigación. “Mi temor es que al final esto signifique dar tiempo para preparar una cuestión documental que pudiera aminorar las responsabilidades que hay si es que las hubiera de parte del sistema administrativo del Congreso Nacional y del Senado Nacional”, expresó.

El denunciante remarcó que su presentación contiene datos y documentación relacionados con el manejo del presupuesto público y que, por ello, considera especialmente preocupante que hasta ahora no tenga información sobre el avance de la causa.

En ese sentido, sostuvo que se ratifica en todos los términos de la denuncia presentada el 11 de mayo y en las posteriores presentaciones que realizó.

Penayo calificó como “extremadamente preocupante” la falta de avances que, según afirma, registra la denuncia. “Yo me ratifico en todos los términos de la presentación sin excepción, por lo cual como ciudadano y como funcionario público, como servidor civil, es para mí extremadamente preocupante que haya una dilación de estas características en perjuicio probable del erario público”, manifestó.

La denuncia plantea que existirían indicios que podrían ser compatibles, siempre según la hipótesis del denunciante, con lesión de confianza, tráfico de influencias, administración en provecho propio y cobro indebido de honorarios.

¿Cuánto dinero está en juego?

Penayo calcula que, solamente en la muestra analizada, existiría una erogación excedente anual de aproximadamente G. 9.653 millones debido a las diferencias salariales detectadas.

Con una proyección hasta junio de 2028, estima un posible perjuicio de G. 19.306 millones. Sin embargo, al extrapolar los resultados al universo de 593 nuevos ingresos absolutos, la denuncia calcula un potencial perjuicio patrimonial de G. 40.610.341.842, unos US$ 6,65 millones.

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Se trata de una estimación realizada por el denunciante, que deberá ser corroborada o descartada mediante una eventual investigación de los organismos competentes.

Contraloría tampoco habría avanzado

A la falta de información sobre la actuación del Ministerio Público se suma, según Penayo, la ausencia de avances de la Contraloría General de la República.

El funcionario afirma que también presentó un pedido para que se realice una revisión documental y de los procedimientos utilizados en los nombramientos realizados durante los últimos dos años, período que coincide con la gestión de Núñez al frente del Congreso y del Senado.

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“Y a esto hay que agregar lo vinculado a la Contraloría General de la República que tampoco se ha pedido en cuanto a un pedido de revisión documental y de los procedimientos asignados por los administradores del Congreso Nacional y del Senado”, cuestionó.

El planteamiento apunta a determinar si los procesos administrativos y las contrataciones denunciadas se ajustaron a las normas y si existieron eventuales perjuicios para las arcas públicas.