La acción legal surge después de que los CDC publicaran el pasado enero un nuevo calendario de vacunación del que fueron excluidas siete vacunas, incluidas las que protegen contra la hepatitis B, la gripe, el virus respiratorio sincitial (VRS) y la meningitis. Los fiscales piden al tribunal que declare ilegal el nuevo calendario y ordene restablecer las recomendaciones anteriores.

La demanda fue presentada por Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Maine, Maryland, Míchigan, Minesota, Nueva Jersey, Nueva York, Nuevo México, Oregón, Rhode Island y Wisconsin, así como por el gobernador de Pensilvania.

La demanda también impugna la destitución "arbitraria", en junio de 2025, de los 17 miembros con derecho a voto del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) de los CDC, el grupo de expertos que durante décadas ha guiado la política de vacunación en Estados Unidos.

Según los fiscales, los miembros destituidos fueron reemplazados sin seguir los procedimientos requeridos por personas "que carecen de la experiencia o las cualificaciones necesarias", que posteriormente votaron a favor de eliminar la recomendación de que todos los bebés recibieran la vacuna contra la hepatitis B al nacer, vigente desde 1991.

Los demandantes recuerdan que Kennedy es un conocido activista antivacunas y sostienen que sus opiniones carecen de fundamento científico y pueden perjudicar la salud pública.

En un comunicado conjunto, destacan que entre los niños nacidos en Estados Unidos entre 1994 y 2023, los investigadores estiman que la vacunación rutinaria previno alrededor de 508 millones de casos de enfermedad, 32 millones de hospitalizaciones y más de 1,1 millones de muertes, además de generar un ahorro social de 2,7 billones de dólares.

Los fiscales argumentan en su demanda que, al aprobar unilateralmente este cambio radical en el calendario de vacunas, los demandados hicieron caso omiso de la amplia evidencia científica que respaldaba las recomendaciones anteriores del ACIP y los CDC.

Asimismo, sostienen que el "calendario Kennedy" perjudicará la salud pública al reducir las tasas de vacunación y aumentar la incidencia de enfermedades prevenibles, entre otras cosas, "al generar confusión, difundir información errónea contraria a la evidencia científica establecida y aumentar las reticencias frente a la vacunación".

Aseguran también que, al nombrar a miembros no cualificados para el ACIP y emitir el nuevo calendario, los demandados actuaron "de manera arbitraria, caprichosa y contraria al derecho".

La coalición sostiene que los cambios obligarán a los estados a invertir tiempo y dinero para aclarar la confusión generada y pide al tribunal que declare ilegales tanto el "calendario Kennedy" como los nombramientos realizados para el ACIP, además de revocar la decisión del comité sobre la vacuna contra la hepatitis B.