La Defensoría del Pueblo emitió este miércoles un comunicado en el que expresó su profundo pesar por el brutal asesinato de la niña Melania Montserrat, de 11 años, ocurrido en Caazapá. El crimen, aparentemente cometido por un hombre con antecedentes por abuso sexual contra la misma víctima, expuso la fragilidad de los sistemas de protección en el país.

“Este caso debe marcar un antes y un después”, sostuvo el defensor del Pueblo, Abg. Rafael Ávila.

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Reclamó que se implemente de forma inmediata y sin excusas el uso de tobilleras electrónicas, previstas por ley, pero aún escasamente aplicadas. “El interés superior del niño debe estar en el centro de toda política pública”, enfatizó.

La Defensoría propuso acelerar la implementación de estos dispositivos en zonas de alta vulnerabilidad y ampliar su aplicación a casos de violencia sexual y personas con medidas de restricción.

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También pidió que las condiciones económicas de las víctimas no sean un obstáculo para acceder a este mecanismo de protección.

Además, llamó a una mesa interinstitucional para revisar la normativa vigente y ajustar los criterios de uso. “La omisión del Estado en estos casos puede tener consecuencias fatales”, advierten.