El caso involucra a un docente jubilado oriundo del departamento de Concepción, pero que actualmente reside en la capital del país. Se trata de Reino Salvador Vera Medina, quien, según la defensora pública que tuvo una activa participación para que el caso sea solucionado, Simona Carolina Arévalos, en el año 2021 había solicitado un préstamo de 10 millones de guaraníes, firmando un pagaré por G. 22.502.900, monto que ya había pagado en su totalidad a una casa de crédito que funciona en la localidad de Yataity del Norte, departamento de San Pedro.

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Sobre el punto, aclaró que de acuerdo con los documentos a los que tuvo acceso, el préstamo se había tramitado a través de la Asociación de Educadores Naciente, con sede en la ciudad de San Lorenzo.

También detalló que, tras abonar en su totalidad la deuda contraída de un poco más de 22 millones, en el 2023 Vera Medina nuevamente recibió la notificación, firmada por una jueza de Paz de Santaní, Amanda Álvarez, actualmente jubilada, comunicándole sobre una demanda por una deuda de G. 22.000.000.

Recurrió a la Comisión de Investigación del Parlamento

Por otro lado, la funcionaria de la Defensa Pública comentó que, tras enterarse de la denuncia realizada por el docente ante la Comisión de Investigación contra la mafia de los pagarés del Parlamento Nacional, se puso en contacto con los integrantes de esta organización, solicitando los informes del caso para poder iniciar los trámites correspondientes conforme a los documentos relacionados con la presunta deuda reclamada.

Reunión con el afectado

Mencionó, además, que hace un poco más de una semana se reunió con el señor Reino Vera en su despacho de Santaní, quien también le proveyó de más documentos sobre el caso que sirven como pruebas de que la deuda del pagaré firmado ya había sido cancelada en su totalidad, pero que la casa de créditos seguía insistiendo en el cobro de la millonaria suma de dinero, refirió.

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Sin embargo, comentó que, llamativamente, cuando acudió a la sede de la oficina del Juzgado de Paz de Santaní el 18 de junio pasado, encontró que un día antes (el 17) el juez de Paz interino de esta ciudad, Wilson David Velázquez Urunaga, ya había firmado el finiquito del caso.

No firmar pagarés en blanco

Con relación a las diferentes denuncias de los casos de pagarés, la funcionaria de la Defensa Pública recomendó a la ciudadanía en general tener cuidado al momento de firmar un pagaré, principalmente cuando los talonarios no están completados y carecen de fecha y año de vigencia, atendiendo que cualquiera de estos detalles puede ser utilizado como arma en contra de la gente, enfatizó.