La jueza de Garantías Especializada en Crimen Organizado Rosarito Montanía levantó la orden de rebeldía y dictó la prisión preventiva del Abg. Crispín Gilberto Rojas Garcia, procesado por supuesto soborno agravado, uso de documentos no auténticos y uso de certificado de salud de contenido falso, por presuntamente haber maniobrado para liberar a Walter José Galindo Domínguez, quien luego fue imputado en el caso Mercat.

Tras ponerse a disposición de la justicia, la defensa de letrado solicitó la aplicación de medidas alternativas a la prisión, con el argumento que tiene dos hijos menores de edad, quienes dependen exclusivamente del mismo, invocó el interés superior del niño que, según señaló, tiene que prevalecer ante cualquier situación.

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Sin embargo la magistrada atendió el pedido de la fiscal Lourdes Bobadilla y decretó la prisión preventiva de Crispín Gilberto Rojas García, en atención a que estuvo con declaración de rebeldía y orden de captura por casi dos años y diez meses; y que se dan los presupuestos del peligro de fuga y peligro de obstrucción a la presente investigación.

Según la imputación fiscal el letrado fue intermediario y habría abonado sumas de dinero que le fueran entregados por el supuesto narcotraficante Walter Galindo, a la médica Ana Stael Alfonso y al policía Sixto Ramón Cabrera, para la elaboración de los documentos y certificados médicos que finalmente fueron presentados ante el Juzgado Penal de Garantías de Lambaré, e incluso habría utilizado documentos y certificados médicos con membrete del Hospital de Barrio Obrero, suscrito supuestamente por el médico Luis López, cuya autenticidad fue desvirtuado con diligencias realizadas y que obran en la carpeta fiscal.

Abogado vinculado a Galindo se expone a 15 años de cárcel

La imputación presentada en mayo de 2022 señala que el Abg. Crispín Gilberto Rojas García habría abonado sumas de dinero, que le fuera entregado por el acusado Walter José Galindo Domínguez, para la elaboración de los certificados médicos de fecha 4 de abril de 2021, específicamente el informe del Lic. en Enfermería Sixto Cabrera; así como para la elaboración del dictamen de fechas 27 de mayo de 2021 y 24 de junio de 2021, de la médico forense Ana Stael Alfonso.

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En su carácter de abogado, el procesado también habría presentado dichos instrumentos, además del diagnóstico con membrete del Hospital de Barrio Obrero, en la audiencia de revisión de medidas en fecha 28 de mayo de 2021, ante el Juzgado Penal de Garantías de la ciudad de Lambaré, a fin de obtener medidas sustitutivas a la prisión para Galindo Domínguez.

Por otra parte, el Ministerio Público señala que en fecha 31 de octubre de 2021 Crispín Rojas habría presentado los certificados suscritos presuntamente por el Dr. Luis López para justificar el incumplimiento de las medidas por parte de Galindo.

Al respecto la jueza de Garantías Rosarito Montanía resalta que los tipos penales atribuidos al letrado, en caso de concurso de hechos punibles, conforme a lo previsto en el Art. 70 del Código Penal, la pena podría ser aumentada a 15 años de privación de libertad, haciéndose necesaria en consecuencia la presencia del mismo, a los efectos de que pueda someterse a las resultas del presente proceso penal.

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Audios revelaron esquema de “blanqueo”

En el tiempo que Walter Galindo estuvo sujeto al proceso, supuestamente negoció con las “jugadoras” de Villa Elisa - en supuesta alusión a la fiscala Egidia Gómez- y de Lambaré -la jueza Isabel Bracho- para lograr su libertad. Ese dinero entregado sería el que está registrado en la agenda con las identificaciones de “Dra.” y “Dr.”.

En el marco de sus diligencias la fiscala Gómez trasladó, personalmente, la supuesta droga incautada hasta el Laboratorio Forense del Ministerio Público, donde se realizó el análisis definitivo que identificó el producto como bicarbonato de sodio.

Si bien el requerimiento conclusivo debía presentarse en noviembre, la fiscala ya contaba con ese elemento en agosto. Ese cambio de la sustancia y resultado abrieron las puertas para el pedido de sobreseimiento definitivo planteado por la defensa de Galindo.

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Ya de cara a la audiencia preliminar, Galindo recusó a Gómez y en su reemplazo asumió la fiscala Hermengilda Cubilla, que también fue recusada y asistió a la audiencia el fiscal Osmar Segovia, quien se allanó al sobreseimiento definitivo para la tenencia de drogas. En cuanto a los hechos de reducción, la placa fue devuelta y el daño reparado, y la violación de Ley de armas, no se configuraba en un delito, por lo que Bracho otorgó criterio de oportunidad.