En una intervención en televisión, el presidente aseguró que la protesta pacífica es una "garantía constitucional", pero que este derecho "no autoriza agredir a otros ciudadanos, destruir bienes, amenazar a trabajadores, ni impedir el acceso de ambulancias y servicios de emergencia".

"Frente a hechos que constituyan delitos, las autoridades actuarán conforme a la ley", aseguró refiriéndose a la protesta convocada para el miércoles, pero poco después de referirse al nuevo Decreto de Protesta Social, que reduce el ámbito de lo tolerado en manifestaciones.

Además, acusó a los convocantes, entre quienes se encuentran sindicatos y grupos políticos opositores, de buscar "causar el caos" y "desestabilizar el Gobierno".

"Son los mismos que dejaron al país quebrado, a puertas de un apagón, con la salud en cuidados intensivos, con la soberanía energética comprometida y con los recursos públicos depredados y saqueados", apostilló el mandatario.

"Son instigadores de la maldad y no luchadores por la libertad. Y si pretenden incendiar a Colombia, se van a encontrar con la determinación del tigre (apodo con el que se refiere a sí mismo) y su Gobierno para hacer lo que en derecho corresponde, que es defender la vida, honra y bienes de todos los colombianos", afirmó.

Sobre el Decreto de Protesta Social, que ha generado controversia en el país aún antes de su presentación -prevista para esta semana-, De la Espriella aseguró que no va a dar espacio a "quien destruye y hace terrorismo urbano".

"Nunca más un bloqueo permanente de una carretera. Nunca más un carril de Transmilenio (servicio de autobús urbano) convertido en trinchera. Agredir a una persona, lanzar objetos para herir, retener a alguien o usar a un niño en una protesta no es protesta, es un delito y se trata como tal", apuntó el presidente.

De la Espriella también se alegró de la próxima tramitación del polémico Decreto Antiterrorista que su Gobierno lleva esta semana al parlamento y que, entre otras cuestiones, crea "un registro de organizaciones terroristas", permite congelar bienes y endurece los ataques a la Fuerza pública.

"Necesitamos una vacuna (contra los grupos armados) y esa vacuna es el estatuto antiterrorista", zanjó el presidente.

Añadió que su "ofensiva" contra las guerrillas, los paramilitares, los narcotraficantes y otros grupos criminales está dando resultado y aseguró que, en los dos meses que lleva en la Presidencia, el país ha incautado 125 toneladas de cocaína, 60 de marihuana, 1.092 kilos de heroína y 3.456 armas de fuego.

Además, ha detenido a 876 presuntos integrantes de estos grupos y ha matado a otros 70 en distintas operaciones.

Frente a quienes dudan de su fórmula de mano dura, quienes cuestionan posibles excesos y violaciones de derechos humanos, De la Espriella sentenció: "Quienes se quejan de la aplicación de la ley a los bandidos no son más que sus cómplices digitales y de opinión".