Este nuevo periodo de toque de queda nocturno regirá entre las 0.00 y 5.00 hora local, del 1 al 10 de noviembre, en cinco de las veinticuatro provincias del país: Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas, todas ellas situadas en la zona costera del país, donde especialmente se concentra la actividad criminal ligada al narcotráfico.

Durante el toque de queda, la Policía y las Fuerzas Armadas tienen previsto salir a las calles y realizar allanamientos a inmuebles en zonas "críticas" donde, según el Gobierno, se esconden miembros de bandas delictivas.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa justificó la medida con el propósito de "reducir los riesgos para la población civil durante las intervenciones" de lo que llamó "operaciones especiales" contra la criminalidad.

Noboa encontró en los estados de excepción y toques de queda una manera para contener la "desbordada actividad criminal" e intentar bajar las cifras que colocaron al país a la cabeza del índice de homicidios en Latinoamérica.

En enero de 2024, el mandatario ecuatoriano le declaró la "guerra" a las organizaciones criminales y las denominó como "terroristas", y desde entonces ha emitido sucesivos estados de excepción que restringen libertades fundamentales como la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia, así como la libertad de tránsito durante los toques de queda.

Las cifras de criminalidad disminuyeron en 2024 pero repuntaron en 2025 con un récord de 9.283 asesinatos, pese a que también se decretaron al menos dos periodos de toques para frenar la inseguridad.

En 2026, Noboa decretó nuevos toques de queda en marzo, mayo, septiembre y ahora nuevamente en noviembre.

Noboa también afirmó que el toque de queda nocturno de septiembre dejó "un 40 % menos de delitos", y se registraron "las semanas de más bajos homicidios en el año". Sin embargo, Luis Córdova-Alarcón, director del programa Orden, Conflicto y Violencia de la Universidad Central del Ecuador, indicó a EFE que esas reducciones son puntuales.

Córdova-Alarcón señala que cuando las restricciones terminan, los crímenes vuelven a subir, como tras el toque de queda de mayo, cuando los asesinatos bajaron levemente en junio, de 714 a 697, y volvieron a subir en julio a 723 y en agosto a 779.

El especialista subrayó que en la costa ha habido un "descontrol de la violencia criminal", especialmente en El Oro, fronteriza con Perú, que, de acuerdo con el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, registró en el primer semestre la tasa provincial más alta del país: 68,74 homicidios por cada 100.000 habitantes, con un aumento interanual de un 62 %.

Pese a esas cifras, Córdova-Alarcón aseguró que el Gobierno necesita "mostrar que está intentando contrarrestar algo", especialmente de cara a las elecciones locales del domingo 29 de noviembre, en las que el oficialismo buscará arrebatar a la oposición, liderada por el correísmo, la gobernanza de las ciudades más pobladas, como Quito y Guayaquil.

"No podemos deslindar el ciclo electoral al que nos ha sometido el Gobierno. En los últimos tres años hemos vivido tres elecciones y eso ha determinado que atender el problema de la seguridad se vuelva parte de la agenda gubernamental y electoral", señaló el académico.

En las tres votaciones que ha habido desde que Noboa llegó al poder, dos de ellas de referéndum, la seguridad ha estado en el centro del debate político. No obstante, para Córdova-Alarcón las medidas implementadas hasta el momento no han evitado que, por ejemplo, los jóvenes sean reclutados por el crimen.