La jueza de Garantías Alicia Pedrozo elevó a juicio oral y público la causa que afronta Dany Durand Espínola y otros ex directivos de Mocipar, acusados de supuesta estafa por los fiscales Hernán Galeano y Silvio Alegre; y la querella adhesiva, representada por las abogadas Gessy Ruiz Díaz y Andrea Escobar, en nombre de la víctima Lilian Rosa Bogado de Sánchez.

Los demás exdirectivos de Mocipar que afrontarán juicio oral son Luz Marina González de Durand, esposa del exministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat; Fernando Román Fernández, Marcela Adriana Durand Martínez (hija de Dany Durand), Diana Teresita Campos de Román, María Patricia Espínola Durand y Favio Arturo Britos.

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Al término de la audiencia preliminar llevada a cabo este martes, la magistrada resolvió no hacer lugar a los incidentes de excepción de falta de acción, sobreseimiento definitivo de los acusados, criterio de oportunidad y exclusión de pruebas, que fueron planteados por las defensas y cuyo rechazo fue solicitado tanto por el Ministerio Público como por la querella.

Esta es la cuarta abierta contra Dany Durand y los demás ex directivos de Mocipar, por el supuesto esquema de estafa contra los clientes de la ahora extinta empresa, que se eleva a juicio oral y público. En la primera causa, el juzgamiento debió iniciar este lunes, pero debido a un recurso planteado por una de las defensas, la diligencia fue suspendida.

Supuesto esquema de estafa con Mocipar

De acuerdo con las acusaciones de la Fiscalía y la querella, la operativa ilegal con la señora Lilian Bogado inició en el año 2013 con el ofrecimiento de bienes como vehículos, propiedades inmuebles y electrodomésticos a precios accesibles, promocionados mediante el programa televisivo “Domingo en Familia”, que era dirigido por el propio Dany Durand Espínola.

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Los directivos del Grupo Mocipar, acusados en la presente causa penal, establecieron una estructura que les permitía conseguir sumas de dinero de forma mensual, de parte de personas que, luego de haber pagado durante años una cuota establecida, y cumplir con creces los círculos establecidos, no recibían ninguna contraprestación por lo abonado, según el relato del Ministerio Público y la querella en las acusaciones presentadas.

“Cuanto éstas personas denominadas como ‘socios’, reclamaban la contraprestación establecida en los contratos (bienes adjudicados) o que se le devuelvan los aportes abonados; fueron en varios casos obligados a firmar nuevos contratos para no perder los aportes ya abonados”, resalta parte del escrito acusatorio.

Agrega que muchos clientes del Grupo Mocipar fueron despojados de sus contratos originales, condicionados a la firma de rescisión de esos acuerdos y en algunos casos, los socios llegaban a obtener un reconocimiento de aportes, donde se dejaba constancia de los aportes realizados, haciendo figurar montos inferiores a los que realmente habían abonado.

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Socia sufrió perjuicio de casi G. 30 millones

Las acusaciones del Ministerio Público y la querella adhesiva resaltan que con el esquema señalado más arriba, los clientes del Grupo Mocipar, entre ellos la señora Lilian Rosa Bogado de Sánchez, caían en el error, disponiendo de su patrimonio, pagando las cuotas asignadas, sin haber recibido nada a cambio, habiendo operado de esta manera, el consecuente perjuicio patrimonial para quienes pretendían adquirir los bienes ofrecidos y comprado los contratos para ese efecto.

En ese sentido, la víctima en la presente causa firmó contratos con las empresas Mocipar Automotores y Mocipar Propiedades S.A; y pagó cuotas desde el 15 de noviembre de 2013 hasta el 29 de junio del año 2018, sin haber recibido una sola contraprestación por parte de las firmas que tenían como directivos a los ahora acusados.

De acuerdo con el relato de los escritos acusatorios, en todos esos años la víctima sufrió un perjuicio patrimonial de G. 27.525.000, en concepto de cinco contratos suscritos en la creencia de que sería adjudicada con los bienes prometidos o que accedería a los mismos al pagar consecutivamente las cuotas estipuladas.

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“El relato de hechos que sustenta esta acusación corrobora la permanente voluntad de los acusados para realizar el ilícito, habiendo desplegando los mismos, en todo momento, una elaborada operativa con el propósito de captar fondos para su beneficio económico y en detrimento de las personas que contrataron con ellos”, resalta una parte de la acusación fiscal.