El principal sospechoso del crimen de Fernanda Benítez (17) es un adolescente que también tiene 17 años y con quien aparentemente tuvo una relación sentimental. Según los investigadores, fue él quien los guió hasta el patio baldío donde se encontró el cuerpo calcinado.

Ya está detenido e imputado. Sin embargo, podría no ser juzgado con las máximas expectativas de penas que aplican a los casos de feminicidio, debido a que aún no alcanzó la mayoría de edad.

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El juez penal de la Adolescencia Camilo Torres explicó que se expone a una pena privativa de libertad de tan solo ocho años, según lo previsto en el artículo 207 del Código de la Niñez y Adolescencia, que establece la duración de la medida privativa de libertad.

“En caso de un hecho calificado como crimen por el Derecho Penal común, la duración máxima de la medida será de ocho años”, indica el Código.

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¿No hay forma de aumentar esa pena?

El magistrado explicó que la normativa es muy clara y no se puede hablar de agravantes en casos que afectan a los menores de edad. Es decir, la ley vigente impide aumentar esa expectativa de pena.

En ese sentido, el mismo artículo del Código de la Niñez agrega expresamente que “a los efectos de la medición de la medida, no serán aplicables los marcos penales previstos en las disposiciones del Derecho Penal común".

Señaló que la ley se hizo teniendo en cuenta que se trata de una persona en desarrollo. “El derecho penal juvenil es derecho penal pero atenuado, porque va dirigido a una persona en desarrollo, que está en una etapa de crecimiento”, resaltó.

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Penas tienen intención educativa

Resaltó que el Código de la Niñez y Adolescencia establece que deben cumplir esa medida de “internación educativa“, en uno de los Centros Educativos del Ministerio de Justicia, no en una cárcel.

“En el fondo, si bien es cierto, este es un caso muy grave, el legislador (al hacer la ley) habla de que la pena acá tendrá un efecto educativo. Las cárceles son centros educativos, las medidas son educativas y los centros igual. No se puede aumentar la pena, está en la ley”, resaltó.

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¿Sería una solución reducir la edad de imputabilidad?

Con este caso de vuelta algunas personas están debatiendo sobre la posibilidad de modificar las normativas vigentes para reducir la edad de imputabilidad. Al respecto, el juez consideró que sería un retroceso y no solucionaría el problema de fondo.

“Ahora la responsabilidad penal juvenil es de 14 a 18 años, hay personas que quieren bajar a 12 años, para que ingrese al sistema penal. Eso sería, un retroceso, en mi opinión. Porque al niño hay que tratarlo como niño, no podemos mandarle al niño al proceso penal”, añadió.

Indicó que por ello la legislación se estableció que la responsabilidad penal inicie a los 14 años.

En ese sentido, señaló que considera que no iría por ahí la solución. “¿Por qué no se trabaja en políticas públicas, en la prevención? ¿Por qué no se trabaja en la educación? Aumentar la pena y bajar la edad no sé si sería la respuesta magistral para solucionar este problema", declaró.

Además, consideró que la educación en valores y sistemas de prevención son esenciales, por ejemplo, para combatir el problema del aumento de adolescentes captados por clanes de microtráfico de drogas. “Hay que entender desde una perspectiva de políticas públicas y no pretender apostar a esas soluciones que parecen efectivas, pero a la larga no te van a solucionar el problema porque no tenés una base de prevención y educación”, declaró.