La crisis en el sistema de salud pública sumará este lunes otro capítulo crítico. Unos 19 de los 21 intensivistas pediátricos de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital del Trauma formalizarán su renuncia de manera masiva.

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La drástica medida responde a la precarización laboral sostenida y a la falta de respuestas por parte de las autoridades del centro asistencial y del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS).

En diálogo con ABC Digital, la doctora Débora Núñez, una de las profesionales renunciantes, confirmó que la decisión ya está tomada. “Hasta el momento somos 19 de 21 médicos especialistas pediátricos en terapia intensiva los que vamos a renunciar”, anticipó.

La situación reviste gravedad institucional y sanitaria, dado que el Hospital del Trauma es el único centro de referencia nacional capacitado para recibir a niños con politraumatismos graves.

Tras la concreción de las dimisiones, el área quedará operando con apenas tres profesionales para cubrir una demanda constante. “Tenemos 8 camas y casi siempre estamos llenos. Al año atendemos a más de 270 niños”, puntualizó la especialista.

Nula respuesta oficial y denuncias de amedrentamiento

Pese a que la intención de dimitir fue comunicada verbalmente a la dirección del hospital, los profesionales señalan que no han recibido propuestas de diálogo ni por parte de los directivos ni de la cartera sanitaria. En su lugar, denuncian haber sido objeto de amedrentamientos y amenazas de tercerización del servicio.

“Nos dijeron que van a tercerizar las terapias y así solo van a gastar más plata en eso antes que en escucharnos. Nosotros no aceptaremos su propuesta de contrato tercerizado”, refirió la doctora Núñez, advirtiendo además que la contratación de personal no especializado para áreas de cuidados intensivos pone en riesgo directo la vida de los pacientes.

A la tensión laboral se sumaron medidas de control administrativo restrictivas. La médica relató que el pasado lunes se les exigió firmar planillas cada tres horas y adjuntar fotografías para certificar su presencia en los puestos de trabajo.

“¡Claro que estábamos ahí!, cuidando a los niños mientras los compañeros que no estaban de guardia se manifestaban. Hacemos bien nuestro trabajo; solo pedimos la restitución del poder adquisitivo perdido tras más de 14 años sin ajustes salariales”, enfatizó Núñez.

Desabastecimiento extremo y el costo del abandono estatal

La crisis de insumos en el Hospital del Trauma obliga cotidianamente a los familiares de los pacientes a costear insumos básicos para garantizar la atención. Según relataron los profesionales, a los padres se les solicita desde discos compactos para guardar estudios de radiografía y tomografía hasta insumos elementales de bioseguridad.

La falta de elementos para la higiene básica refleja la precariedad del sistema. “En terapia intensiva el riesgo de infecciones es alto y el lavado de manos es indispensable. No tenemos ni papel desechable para secarnos. El lunes lloré cuando el padre de un paciente nos trajo papel para que la enfermera y yo pudiéramos secarnos las manos”, lamentó la profesional.

Ante el desabastecimiento de medicamentos e insumos en la farmacia del hospital, Núñez fue enfática sobre los motivos de la dimisión. “Pedimos que dejen de inaugurar hospitales vacíos. No podemos trabajar así, porque si los niños mueren la responsabilidad será nuestra, cuando en realidad es culpa del Estado”, fustigó.

Un conflicto que crece a nivel nacional y el peso de una decisión límite

La crisis dista de ser un episodio aislado. Según precisó la especialista, la Sociedad Paraguaya de Cuidados Intensivos Pediátricos (SOPACIP) nuclea a unos 117 intensivistas pediátricos en todo el país, quienes en el transcurso de la próxima semana irán presentando renuncias masivas en sus respectivos centros de atención.

Para los médicos, la determinación exige además un costo personal devastador en un contexto social donde el propio Estado brilla por su ausencia. “Tengo un hijo con autismo y debo traer su medicación cada dos meses desde Canadá porque el Estado no la cubre, sin contar lo que gasto en terapias y en una escuela adecuada porque el sistema público no da soporte; a la ministra (Barán) no le importa”, reveló Núñez para ilustrar la desprotección que sufren incluso los propios profesionales de blanco.

A pesar del vertiginoso impacto que supone quedarse sin empleo en medio de semejante carga familiar y financiera, la intensivista remarcó que la postura es firme e irreversible. “Igual renunciaré, porque esto es insostenible y porque tengo una dignidad y unos valores que superan ampliamente al miedo”, concluyó la especialista.