Paraguay tiene, desde hace décadas, algo que pocos países en el mundo pueden exhibir: una matriz energética 100% renovable, sostenida por Itaipú, Yacyretá y Acaray. Pero ese activo histórico hoy está bajo presión, y el motivo tiene nombre y apellido: la minería de bitcoin.

Expertos como Victorio Oxilia, Cecilia Llamosas y Gabriel Lamas debatieron en el panel Acelerando Bitcoin el futuro de los contratos de criptominería, que vencen en 2027. Esta industria electrointensiva ya consume cerca del 30% de la energía facturada del país.

Según cálculos del investigador Victorio Oxilia, doctor en energía, la criptominería consume actualmente el equivalente a una turbina y media de Itaipú. El dato no es menor: sin ese consumo, el país tendría un margen de holgura eléctrica de unos tres años. Pero con esa demanda, y bajo un crecimiento moderado, la fecha límite se adelanta a 2029, siempre que las condiciones hidrológicas sean buenas.

Los acuerdos vigentes entre la ANDE y las empresas de criptominería vencen en 2027, y hasta ahora no hay definiciones sobre una eventual renovación ni sobre el destino de esa energía si los contratos no se extienden. Así lo plantearon Oxilia, la doctora en políticas energéticas Cecilia Llamosas y el ingeniero Gabriel Lamas, de Hive Technologies, durante el panel “Futuro Energético: Crisis u Oportunidad”, en el marco del evento Acelerando Bitcoin.

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Lo que paga Brasil vs lo que paga la minería

Uno de los ejes más sensibles del debate es cuánto vale realmente la energía paraguaya y quién paga más por ella. Oxilia fue categórico al aclarar una confusión frecuente, incluso entre autoridades: Brasil paga 38 dólares por megavatio-hora por la energía firme de Itaipú (la disponible el 70% del tiempo), más una compensación por cesión de energía que este año llegaría a 13 dólares, totalizando unos 51 dólares por MWh.

La criptominería, en cambio, paga entre 48 y 56 dólares por MWh, según los números que aportó Llamosas, frente a un precio en barra de aproximadamente 29 dólares por MWh (sin contemplar transmisión ni distribución). En este caso, el problema no sería el precio, sino la magnitud del consumo y su impacto tanto en el producto interno bruto (PIB) como en la planificación futura del sistema.

Llamosas explicó además que Paraguay administra, como copropietario del 50% de Itaipú y de Yacyretá, cerca de 8.000 megavatios de capacidad instalada teórica disponible. La gran pregunta, dijo, es la misma desde hace más de 50 años: qué hacer con esa energía y cómo financiar la generación adicional cuando ya no alcance.

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El misterio del 14% que no es criptominería

Uno de los hallazgos mencionados y más inquietantes del panel no tuvo que ver directamente con el bitcoin, sino con el resto del sistema. Oxilia señaló que el consumo residencial creció 14% en 2025, un salto equivalente a 1.000 gigavatios-hora en un año, es decir el equivalente a toda la producción de Acaray en su mejor escenario hidrológico.

Ese crecimiento, remarcó el investigador, no puede explicarse por las cargas industriales ni por la criptominería formal, que opera bajo contrato y modula su consumo. La hipótesis que maneja desde la academia apunta al uso masivo de aire acondicionado y a la posible existencia de minería irregular, a la que calificó de “competencia desleal” para quienes operan de forma legal.

Bruno Vaccotti, director del data center Penguin y organizador del evento, indicó que las operaciones ilegales representarían menos del 2% de ciertas pérdidas no identificadas del sistema, tras un trabajo conjunto entre la ANDE, el Ministerio Público, el Ministerio de Industria y Comercio, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y la Fuerza de Operaciones Policiales Especiales (FOPE) para desmantelar minado clandestino.

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Una industria que se apaga sola

Desde el sector minero, Llamosas ofreció una explicación técnica para entender por qué la criptominería no compite, al menos formalmente, con el consumo del resto del país. Los 900 megavatios hoy en operación funcionan, según su descripción, como una suerte de “fusible” del sistema: son cargas interrumpibles que se apagan en cuestión de minutos cuando la red se tensiona.

Esa flexibilidad, explicó, es un servicio que en otras jurisdicciones se paga muy caro y que en Paraguay se ofrece de forma contractual y sin costo adicional para el sistema. Al consumir las 24 horas del día, además, la industria permite amortizar la infraestructura eléctrica durante más horas al año que la demanda residencial tradicional, concentrada en pocas franjas horarias.

Gabriel Lamas, quien dirige en Paraguay la que describió como “la operación de minería de bitcoin más grande de América Latina”, fue en la misma línea: aseguró que su empresa opera con la energía ociosa de la red, en los tramos horarios donde no hay demanda máxima, y que por contrato se corta el suministro a las mineras cuando el sistema lo necesita.

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¿Cuánto aporta realmente al PIB?

Aquí el panel dejó más preguntas que certezas. Oxilia indicó que la criptominería representa cerca del 30% de toda la energía que se consume y factura en el país, pero apenas entre 0,24% del Producto Interno Bruto, según datos de 2024.

Lamas, por su parte, aportó una proyección propia: estimó que los ingresos de la ANDE vinculados a la criptominería rondarían los 350 millones de dólares a finales de este año. También citó un informe de PricewaterhouseCoopers sobre el efecto derrame de los centros de datos en la economía, según el cual cada dólar invertido generaría 3,7 dólares adicionales en la economía, y cada empleo directo produciría seis empleos indirectos.

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La oferta estancada

Mientras la demanda crece, la oferta eléctrica del país está prácticamente estancada. Oxilia fue tajante: la única obra en construcción es Aña Cuá, la central sobre el caudal ecológico de Yacyretá, que arrastra “atrasos enormes” y aportará apenas 135 megavatios para Paraguay, una fracción marginal frente a las necesidades del sistema.

Llamosas puso cifras al problema estructural de fondo: Paraguay necesita invertir entre 11.000 y 15.000 millones de dólares en los próximos 13 años para ampliar su generación, en un país que -enfatizó-, prácticamente no invirtió en nueva generación, salvo Acaray, en 50 años.

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Sin consensos

El panel cerró sin consenso, pero con un diagnóstico compartido: la llegada masiva de la criptominería, una demanda que en menos de cinco años llegó a representar cerca de un tercio del consumo basal del país, y que forzó una pregunta que Paraguay nunca se había hecho en cinco décadas: de dónde saldrá el financiamiento para generar más energía.

Para Llamosas, la respuesta pasa por avanzar hacia definiciones institucionales y regulatorias claras, incluida una tarifa “transparente y entendible”, antes de que venzan los contratos de 2027. Sin esas definiciones, advirtió, ninguna inversión, ni en criptominería ni en energía solar ni en ningún otro proyecto, tendrá certeza jurídica para instalarse en el país.