"Una operación de inteligencia de la DIS (Dirección de Inteligencia y Seguridad), desarrollado durante varias semanas, permitió ubicar a 56 personas de nacionalidad peruana que trabajaban de manera ilegal en una mina" en Miramar, provincia de Puntarenas (Pacífico), declaró de la DIS, Pablo Martínez, en la conferencia de prensa semanal del Gobierno.

Martínez confirmó que las autoridades comenzaron el proceso de deportación de los peruanos, quienes ingresaron a Costa Rica de forma legal como turistas.

La DIS mantiene abierta la investigación para determinar si este caso se configura en trata de personas con fines de explotación laboral, ya que tiene conocimiento de que la empresa que opera la mina, a la cual Martínez identificó como Compañía Río Minerales, trae durante el año al país a "varios grupos de peruanos" para trabajar en el sitio.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, manifestó que "ojalá caiga todo el peso de la ley" sobre la empresa y que los 56 peruanos puedan regresar a su país.

"Costa Rica nunca va a ser permisiva con la violación de los derechos laborales, con la trata de personas, con el tráfico de personas o con la explotación laboral. Por el contrario, estamos muy orgullos de ser un país libre de trabajo forzoso", expresó la mandataria.

Fernández aseguró que los migrantes que deseen trabajar en Costa Rica son "bienvenidos" siempre que cumplan con los trámites y los requisitos que exigen las leyes.