El interventor de la Municipalidad de Asunción, Carlos Pereira, reportó en su informe final una serie de irregularidades en la Dirección de Catastro, durante la gestión del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista). A las denuncias de pedidos de coimas, que afectados realizaron ante Pereira, se sumó la discrecionalidad que encontró en la fijación de precios para la venta de inmuebles municipales.

En su informe final, Pereira habla de al menos 5 “expedientes administrativos con tramitación muy inusual”. En dos, los inmuebles “son de alto valor por su ubicación estratégica, y sus procesos de venta no fueron realizados conforme a la normalidad y legalidad institucional, por lo que podría generarse un perjuicio patrimonial para el Municipio”.

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En los otros tres casos, el interventor reportó haber recibido denuncias concretas por parte de los contribuyentes que afirmaron haber recibido pedidos de coima “para moverle el expediente en los Departamentos de Topografía y de Bienes Inmobiliarios”. En uno de los casos, el contribuyente denunció que el expediente fue paralizado por falta de pago.

Pereira reportó además que hay aproximadamente “3.200 terrenos del dominio privado municipal, muchos de los cuales se encuentran ocupados en situación precaria, otros se encuentran alquilados, con una alta tasa de morosidad, y otros en proceso de censo y loteamiento e incluso algunos en proceso de desafectación parlamentaria”.

Emblemáticos inmuebles, fuera del inventario

El informe final del interventor reportó además que siete emblemáticos inmuebles de la Municipalidad de Asunción ni siquiera están registrados en el inventario general de bienes de la comuna.

Los siete inmuebles son: el Policlínico Municipal, el Centro Paraguayo Japonés, el Mercado de Abasto, el Parque Caballero, la Estación de Buses de Asunción (Terminal), además de dos terrenos del Parque Industrial.

Pereira señala que “los responsables de la administración municipal no han dado cumplimiento a la Ley -N° 1535/99 de Administración Financiera del Estado”, que les obligaba a “mantener actualizado el inventario de los bienes que conforman su patrimonio, así como la documentación que acredite el dominio de los mismos”.

Discrecionalidad en fijación de precios

El informe final del interventor, Carlos Pereira hace referencia además a una “abierta deficiencia en el sistema de fijación de precios para la venta de propiedades del dominio privado municipal”. Agrega que “la discrecionalidad extrema en los sistemas de fijación de precios que son aplicados, eventualmente podría arrojar perjuicios indirectos a los intereses patrimoniales del Municipio”.

Entre los ejemplos citados por Pereira, aparecen las 6 hectáreas de tierras municipales que el exintendente intentó llevar a remate en la Costanera Norte, cuyo precio base de venta por hectárea fue de G. 28.000 millones. El informe compara ese caso con las tierras vendidas por la misma administración a la Fundación Museo de Ciencias (MuCi), cuyo precio por hectárea fue de apenas G. 1.202 millones.

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Pereira advierte que, “incluso siendo de la misma zona, área y características, es enormemente fluctuante sin una claridad que arroje previsibilidad y genere confianza en la gestión del Municipio”. Agrega que “no resulta razonable asumir que una diferencia de precios base tan pronunciada fuera correcta para establecerse como precio base de mercado”.

En su informe, Pereira advierte además un “deficiente y vulnerable sistema de determinación y fijación de datos técnicos catastrales a los efectos del establecimiento de las bases imponibles para impuestos y tasas, y para licencias con finalidad recaudatoria en el Municipio de Asunción”.

Otras denuncias

Durante la intervención de la Municipalidad de Asunción, Julio Vázquez, titular de la Cámara de Astilleros Navales, Metalúrgicos y Afines (Canamea) había denunciado que durante la gestión de exintendente, se mantuvo un esquema de recaudación paralela de larga data en la Dirección de Catastro.

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Además, una de las 5 denuncias penales presentadas por el interventor, Carlos Pereira, al Ministerio Público, hacía referencia precisamente a “la operación ilegal y contra varias inhabilitaciones municipales en curso, de un astillero no habilitado ni autorizado en pleno barrio de Varadero”.

La intervención de la gestión de Óscar “Nenecho” Rodríguez detectó una alta concentración de expedientes judiciales en manos de un pequeño grupo de abogados y funcionarios ligados al exintendente. También reportó “terribles prácticas ilegales” en la grosera gestión de Rodríguez, con el desvío de G. 512.000 millones de los bonos para obras que se utilizaron para pagar gastos corrientes.

La gestión del exintendente tiene al menos ocho procesos en su contra, entre ellos uno por compras irregulares en pandemia, por la que Rodríguez está acusado, junto a otras 15 personas, por lesión de confianza y asociación criminal. A instancias de la Contraloría General de la República (CGR), que confirmó el desvío del dinero de los bonos, la Fiscalía también inició una investigación que sigue abierta.