La Contraloría General de la República todavía está en una etapa incipiente de la investigación referente al destino que le dio la Municipalidad de Asunción a G. 500.000 millones de bonos que debían ir a obras. Sin embargo, el contralor Camilo Benítez ya adelantó la postura institucional con respecto a este tipo de conflictos.

Recordó que en su momento su administración llegó a auditar al exintendente Mario Ferreiro por el uso de fondos provenientes de la emisión de bonos. Confirmó que en esa ocasión se hicieron dos observaciones.

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“Uno era el uso destinado a gastos que no eran de infraestructura, en contravención a lo que establece la ley”, señaló. El otro punto observado por la Contraloría fue que el municipio se había endeudado por emisión de bonos y depositó el dinero en un banco privado, que luego le otorgó un préstamo corriente para pagar salarios.

“Desde el punto de vista contable no era necesariamente un hecho punible, pero habíamos advertido de que había un perjuicio, porque al no usarse el fondo de endeudamiento y quitar otro préstamo se estaban pagando dos intereses”, enfatizó.

Indicó que ahora deben analizar la documentación enviada por la administración de Óscar “Nenecho” Rodríguez y luego ver qué acciones pueden tomar.

“Lo que puedo decir es que nuestro criterio es que estamos obligados a emitir al Ministerio Público cuando vemos que la Comuna emite bonos y gasta en gastos corrientes en vez de infraestructura, que es lo que la ley regula”, respondió en ABC Cardinal.

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El contralor indicó que ahora están abocados a ver si se requerirá un nuevo pedido de documentos o si tienen que constituirse para fiscalizar la municipalidad.

“Luego vienen otras actividades de control posteriores, como la fiscalización de las obras, una a una. Eso es, a nuestro criterio, muy importante, definir si fue o no utilizado el dinero para lo que se dispuso en la emisión de bonos”, planteó.

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Con respecto al argumento de que la municipalidad está habilitada vía ordenanza, respondió que por la prelación de las leyes eso no es posible.

“Si me decís que una normativa de rango inferior tiene más fuerza que una de rango superior, claramente por la jerarquía de las normas jurídicas dentro del sistema de Estado de Derecho, no es así”, enfatizó Benítez.

En otro momento, destacó que la Contraloría ya derivó varios expedientes a Fiscalía, pero hasta el momento no se ha avanzado en ninguna causa ni han recibido reportes de una imputación o acusación derivada de sus reportes.