En conversación con ABC Cardinal este lunes, Leandro Villalba, director de Auditoría Forense de la Contraloría General de la República, informó que el ente contralor ha recomendado a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) la extinción del contrato de adjudicación de cuatro de las ocho sub bandas del espectro 5G a la empresa Nubicom Paraguay S.A., vinculada al Grupo Vázquez, conglomerado empresarial que también integraba Ueno Bank y al que estuvo vinculado el expresidente Santiago Peña.

Villalba señaló que “diferentes irregularidades” en el proceso adjudicatorio fueron detectadas por la Contraloría en la etapa precontractual, que derivaron en un análisis documental cuyo resultado fue emitido por el ente contralor en febrero de este año, con recomendaciones a la Conatel.

“No se ha dado cumplimiento al procedimiento debido a la laxitud en el proceso de adjudicación”, dijo el representante de la Contraloría.

Flexibles con infraestructura crítica

Señaló como una de las irregularidades detectadas que la Conatel aceptó una declaración jurada como elemento para acreditar que Nubicom, de origen argentino, tenía el mínimo de 100.000 clientes en el país vecino que requería el pliego de bases y condiciones del llamado licitatorio para la adjudicación de las sub bandas del espectro 5G.

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“La Contraloría dijo a la Conatel y al Mitic (Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación) que estaban siendo flexibles”, dijo Villaba, quien señaló que ambas instituciones tenían la obligación a ser rigurosos en el control de la ejecución de un contrato relacionado a “-”infraestructura crítica para el país".

“Riesgo evidente” en mantener la licitación

Mencionó que la Contraloría no pudo corroborar que se realizó la inversión y el despliegue de radio estaciones que al que Nubicom se había comprometido. Además, señaló que la matriz en Argentina de Nubicom Paraguay acabó desvinculándose de la filial paraguaya, con lo que los 100.000 clientes que la empresa se atribuyó en el proceso de adjudicación “ya no existen”.

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“Hay un riesgo potencial muy evidente en mantener esta licitación con una empresa que no tendría la solvencia ni las condiciones para llevar adelante la inversión”, dijo.

Villalba enfatizó que, a la luz de todos los hechos mencionados, corresponde que Conatel extinga el contrato, y agregó que “al Ministerio Público le corresponde investigar responsabilidades de las entidades involucradas y sus titulares”.