Contraloría auditará “de oficio” la Municipalidad de Areguá, pero control no se relaciona con denuncia penal
La Contraloría General de la República (CGR) notificó el pasado 2 de marzo al intendente de Areguá, Humberto Denis Torres Fleytas (ANR, cartista), sobre el Plan General de Auditorías que lleva...
La Contraloría General de la República (CGR) notificó el pasado 2 de marzo al intendente de Areguá, Humberto Denis Torres Fleytas (ANR, cartista), sobre el Plan General de Auditorías que llevará a cabo “de oficio” en todas las municipalidades para el control del uso de los recursos públicos.
Una de administraciones municipales elegidas en esta primera etapa es la de Areguá, que precisamente tiene una denuncia penal hecha por los concejales liberales Luis Villalba y Gustavo Alfonzo, ante el Ministerio Público hace más de 15 días.
Pero este control de oficio no guarda relación alguna con la sospecha de lesión de confianza de unos G. 2.500 millones cometida, presuntamente, por Denis Torres desde el 2015, su primer periodo como intendente, hasta ahora, que ejerce su segundo periodo consecutivo porque fue reelecto en octubre pasado.
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La Contraloría auditará la ejecución presupuestaria de los ejercicios fiscales 2021; 2022 y de enero a febrero de 2023. Las verificaciones in situ consistirán en el control documental en la sede de la institución municipal y áreas de influencia de los programas y proyectos ejecutados.
La unidad misional responsable del trabajo es la Dirección General de Control de Organizamos Departamentales y Municipales. El equipo auditor está conformado por la supervisora Sandra Elizabeth Pérez Maciel, el jefe de equipo Edgar Ramón Cáceres Fernández y los auditores Edgar Chamorro Pérez, Azucena María Moreno Martínez y Marcy Lorena Ojeda Velázquez.
Causa sin fiscalHace tres semanas dos concejales del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Luis Villalba y Gustavo Alfonzo, denunciaron al intendente de Areguá, Humberto Denis Torres Fleytas, por presunta lesión de confianza y enriquecimiento ilícito. Presumen que el perjuicio sería aproximadamente de G. 2.500 millones del fondo especial destinado para pavimentación y desagüe pluvial y cloacal de la ciudad. Sin embargo, el dinero habría sido usado para pagar salarios y otros gastos corrientes.
El abogado William Amaral, representante legal de los concejales denunciantes, manifestó que anteriormente la sospecha ya fue denunciada ante la Contraloría General de la República y la Secretaría Nacional Anticorrupción, pero que desconoce “las razones o por influencia de quién ambas instituciones no accionaron y no se preocuparon en verificar la denuncia hecha por los concejales”.
Aseguró, además, que tanto él como sus representados temen “que esta auditoría adquiera algún tipo de maquillaje, ya que antes no hicieron caso a la denuncia realizada”.
“No tenemos mucha confianza en la auditoría que realizarán solo de los años 2021, 2022 y dos meses del 2023, siendo que la denuncia por presunta irregularidad data desde el año 2015, bajo la administración de este mismo intendente. Estamos hablando solo de tres años cuando en realidad necesitamos saber qué pasó desde hace casi diez años. Estamos preocupados de que esto sea un maquillaje, la Contraloría hizo caso omiso a las denuncias y tiene gran responsabilidad porque no hizo su trabajo”, sostuvo Amaral.
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Por otro lado, dijo que la denuncia penal hecha a la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción aún no tiene fiscal asignado y que espera una pronta respuesta por parte de las autoridades.
