El contralor Camilo Benítez manifestó ayer ante la comisión de Legislación del Senado que la Contraloría no podría secundar ni acompañar la limitación del alcance de los sujetos obligados, ya que dicha limitación también repercutiría en el desarrollo de los controles, pues mientras mayor sea el volumen y extensión de los datos, más factible resultará el cruzamiento de los datos y el desarrollo de los controles para detectar posibles conflictos de intereses.

Considera que la Contraloría no podría ni debería hacer referencia a las posibles o eventuales violaciones de derechos constitucionales que podrían ocasionarse al incluir los datos personales, laborales, familiares y profesionales, entre otros, de terceros cuya actividad pueda estar en el sector privado.

Asimismo, dijo que tampoco puede obviarse que la información requerida por la ley resulta tan precisa y rigurosa que, con toda probabilidad, podrían presentarse omisiones involuntarias que traigan aparejadas declaraciones juradas que, por error, resulten inexactas, lo que a juicio de la Contraloría sigue siendo un hecho penado por ley.

Llenar DD.JJ. de familiares es insuficiente, dice contralor

Benítez consideró que el argumento de que resulta complicado llenar el formulario de declaraciones juradas de sus familiares es insuficiente para eliminar o limitar un mecanismo de control que podría resultar tan relevante para el país y sus instituciones.

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Desestimó el argumento de que la mayor extensión del alcance de las declaraciones no representaría un impedimento u obstáculo operativo o de carácter técnico para la Contraloría, ya que el sistema digital a mayor cantidad de datos y más sujetos obligados, más fácilmente podrá realizar el cruzamiento de los datos, facilitando el control.

El contralor aceptó prorrogar la presentación de las declaraciones juradas de intereses de parlamentarios, hasta el 17 de noviembre, que inicialmente estaba prevista el 13 de octubre.

La comisión de Legislación dictaminó en mayoría a favor de la modificación del proyecto de ley de Diputados que limita la cantidad de familiares de autoridades que presentarán sus declaraciones de intereses. La senadora Kattya González (PEN) fue la única que votó por el rechazo del proyecto.

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Plantean como modificación al proyecto que los datos de los parientes que no sean funcionarios públicos no sean públicos. También están en contra de que parlamentarios se tengan que abstener ante un posible conflicto de intereses.