Esta mañana, el Contralor General de la República Camilo Benítez se reunió con el presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre (ANR, HC) y el vicepresidente primero, el diputado aliado cartista Hugo Meza (ANR, B) para presentar su informe, pero aprovechó para expresar su “enorme preocupación” por el proyecto de ley “que modifica el artículo 30 de la ley no 879/1981 “Código de Organización Judicial”, modificado por la Ley Nº 224812003″, que sufrió peligrosas modificaciones en Senado.

Seguirá el “puenteo” a la Contraloría gracias a Peña y a los cartistas

“Le transmití al presidente (Latorre) y al Vicepresidente (Hugo Meza) mi enorme preocupación de que se pueda consentir esas modificaciones realizadas en la Cámara Alta", dijo el contralor haciendo referencia a que el proyecto amplía y modifica las atribuciones del Tribunal de Cuentas.

El llamado puenteo consiste en que, principalmente, presuntos administradores corruptos de la cosa pública presentan su documentación para ser “juzgada” por los Tribunales de Cuentas, a fin de evitar fiscalizaciones especializadas de Contraloría.

Esto ya que los Tribunales no tienen personal suficiente ni la capacidad técnica de realizar verificaciones a profundidad, por lo que, técnicamente, terminan blanqueando y blindando a los administradores cuestionados, ya que con el argumento de ser “cosa juzgada”, se deja como “florero” a Contraloría.

“El reclamo institucional que hacemos (como Contraloría) hace años es denominado como un puenteo que se hace a la Contraloría a través de medidas judiciales; si se aceptasen las modificaciones propuestas, estaríamos legalizando esta situación. Sería para mi un atentado contra la transparencia", comentó el Contralor.

El mismo contralor, de hecho, fue citado este lunes ante la Comisión de Cuentas y Control de Diputados para dar su parecer sobre los proyectos a ser analizados en la próxima sesión ordinaria, ya que figura como punto 23 del orden del día.

“Yo estoy muy preocupado por esta situación, voy a venir el lunes, voy a leer ambos proyectos, qué alternativas hay, porque entiendo que el proyecto original es parecido al que fue vetado, entonces no sé qué salida se le puede dar, porque hoy formalmente el Congreso tiene que aceptar una u otra. No hay otra opción", insistió.

Para Contraloría, la iniciativa más “peligrosa” es la modificación de la Cámara de Senadores, ya que si bien ambos proyectos amplían la cantidad de salas del Tribunal de Cuentas, la versión Cámara Alta agrega que “la tercera y la cuarta sala, además tendrán competencia para el juzgamiento de las cuentas de inversión del Presupuesto General de la Nación, en las condiciones establecidas por la Constitución y las leyes que rigen la materia“.

Para Benítez, lo grave es que se hace taxativo el puenteo porque omite totalmente a la Contraloría, por lo que, a priori, “ante ambas situaciones, categóricamente la versión Diputados -aunque luego se termine vetando- es preferible, antes a que se normalice a través de una Ley una situación que se considera irregular”.

El Contralor Camilo Benítez dijo que ellos habían planteado una propuesta propia que, de momento, no está en discusión en el Congreso, pero que podría evitar el puenteo y que, si prospera la versión Senado, esperan el veto del Ejecutivo.

“Nosotros, lo que habíamos dicho, es una posición intermedia y la idea que le dimos para que se presente a través de un proyecto de ley es que está bien, que se le dé al Tribunal de Cuentas la capacidad de juzgamiento de cuentas de inversión, no hay problema, pero que previamente tenga una auditoría de la Contraloría, entonces ahí ambas instituciones van a coexistir, como dice luego la Corte que debe ser", dijo.

Por otra parte, se mostró confiando en un eventual veto del Ejecutivo, ya que “hay toda una ‘Estrategia Nacional de combate a la corrupción’ (establecida por ley) y un compromiso institucional del Presidente de la República (Santiago Peña)”, por lo que dijo que no veo “posible que una ley como esta llegue a promulgarse”.

El “puenteo” fue uno de los argumentos que utilizó la Contraloría para promover por motus propio contra la gestión de los intendentes apartados momentáneamente de Ciudad del Este, Miguel Prieto (YoCreo) y de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, HC), por lo que, de prosperar la versión cuestionada, sería otra contradicción de este gobierno.