La Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco) insistió en que el Gobierno cancele las deudas acumuladas con las empresas contratistas con el presupuesto vigente (2025) del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Según el presidente del gremio, José Luis Heisecke, los recursos ya están contemplados, pero que la falta de ejecución asfixia al sector y, provocándole una crisis sin precedentes en la cadena de pagos.

La deuda acumulada del Estado con las empresas constructoras supera los US$ 355 millones, incluyendo US$ 110 millones en intereses atrasados desde el gobierno anterior.

“El presupuesto del año 2025 asigna al MOPC unos 680 millones de dólares, pero hasta ahora la ejecución no llega ni al 50%. Esos fondos están previstos para cubrir las obras en marcha y los compromisos asumidos, por eso pedimos que se pague conforme a lo establecido”, explicó Heisecke.

El titular del gremio agregó que la prioridad del sector es que los pagos pendientes se realicen antes del cierre del ejercicio fiscal y que el pago de 40 millones de dólares por mes que pretende hacer el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), dirigido por Carlos Fernández Valdovinos, es insuficiente. “Estamos pidiendo que se llegue al tope del presupuesto disponible. Las empresas ya entregaron certificados, presentaron facturas y cumplieron con sus contratos. El Estado tiene que responder”, reclamó.

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“Las empresas pequeñas y medianas están en una quiebra virtual”

Heisecke lamentó que se haya pretendido instalar la idea de que llegaron a un acuerdo con el Gobierno respecto al calendario de pagos. “Eso no es cierto. Nosotros presentamos tres pedidos concretos, y el primero —el más urgente— es que se cancele la deuda con el presupuesto vigente. Hasta ahora no recibimos ninguna respuesta formal del Ministerio de Economía”, dijo.

Respecto a los otros pedidos, indicó que en segundo lugar pidieron el pago de los intereses por los retrasos en los pagos del gobierno anterior, por unos US$ 110 millones y, en tercer lugar, que se revea el presupuesto del 2026, que consideró “casi nulo” para el pago de las obras que puede afectar a las obras emblemáticas.

El dirigente detalló que la falta de desembolsos está provocando serios problemas financieros en el sector. “Las empresas pequeñas y medianas ya están en una quiebra virtual. Las grandes tampoco van a resistir mucho más. Si no se libera el dinero va haber un corte total en la cadena de pagos. No hay empresa que aguante con cuatro meses de atraso y sin cobrar la mayoría de sus contratos”, advirtió.

Heisecke recordó que los insumos esenciales para la construcción, como el combustible, el cemento y las varillas, se compran al contado, por lo que mantener las obras en marcha, sin pagos regulares, se vuelve insostenible. “El flujo de dinero es vital. Si el Gobierno no honra sus compromisos, las obras simplemente se detienen”, sostuvo.

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Las obras afectadas

Entre los proyectos más afectados mencionó a la Ruta de la Soberanía, la Ruta Bioceánica, la ruta de pavimento rígido Concepción–Pozo Colorado, la ruta PY12 y otras obras que calificó como “emblemáticas” para la conectividad y el desarrollo del país. “No pueden parar estas obras. Son estratégicas y están siendo afectadas por la falta de pagos”, apuntó.

Además, explicó que la compleja burocracia estatal enlentece los trámites administrativos. “Cuando se obliga un expediente —es decir, cuando se lo incorpora formalmente como deuda—, ese proceso puede tardar desde un mes hasta ocho. Todo depende de las reprogramaciones presupuestarias que deben pasar del MOPC al Ministerio de Economía, y esas reprogramaciones son interminables”, señaló.

Heisecke agregó que en un solo año pueden realizarse hasta quince reprogramaciones, que retrasa el reconocimiento efectivo de las deudas. “Esa es la razón por la cual muchos pagos ni siquiera llegan a considerarse como obligaciones firmes dentro del ejercicio. Es un círculo vicioso que agrava aún más la situación del sector”, cuestionó.

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El presidente de Capaco añadió que el Ministerio de Economía anunció un cronograma de pagos de unos 40 millones de dólares mensuales, cifra que consideró “totalmente insuficiente” para cubrir la deuda acumulada y mantener el ritmo de las obras. “Con ese monto no se cubre ni la mitad de las obligaciones actuales. El sector está al límite”, insistió.

Por último, advirtió que, de no concretarse los pagos con los recursos asignados en el presupuesto de este año, el impacto será grave no solo para las empresas constructoras, sino también para el empleo y la economía en general. “Hablamos de miles de trabajadores que dependen de la continuidad de estas obras. No se puede sostener el desarrollo del país si el Estado no cumple sus compromisos financieros”, concluyó.