Según Gómez, él solamente inició la construcción a requerimiento del diputado Fernández, quien le exhibió un contrato de alquiler del predio y el supuesto título de la propiedad, pero cesó las labores una vez que fue notificado de la orden del juzgado para suspenderlas.

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Según sostuvo, él y sus operarios se retiraron del sitio luego de “6 o 7 días de trabajo”, y refirió que no tiene relación y tampoco podía impedir que otras personas continuasen con la construcción.

“Es algo muy injusto para mí, soy muy trabajador y mi familia también, no estoy pasando bien, me hicieron perder muchos trabajos y tiempo”, reclamó enfáticamente Gómez.

El mismo refirió que cuando fueron a hacer los relevamientos previos al trabajo, el legislador le mostró documentaciones y por ello iniciaron los trabajos.

“Jatar me mostró el documento, me mostró el título y el contrato privado que tienen, y yo trabajé hasta que vino la orden judicial en mi contra, cuando me retiré de la obra y él continuó con otra gente. Yo tampoco le puedo prohibir a nadie que continúen”, alegó.

Afirmó que si bien el legislador le pagó por el trabajo realizado (G. 20 millones es lo que consta en la factura) y que “lo acompañó 3 veces en el proceso judicial y en las audiencias con la jueza”, es él quien está corriendo con los gastos y le hace perder tiempo y otros trabajos. Fernández no está procesado en este caso.