El TC precisó en el fallo, publicado anoche y con más de 100 páginas, que "por unanimidad" tomó la decisión de "no pronunciarse por la inconstitucionalidad" tras haber revisado 11 normas del texto, conocido popularmente en el país como 'Ley de Retorno', señaladas por el mandatario.

La presente propuesta, que transpone directivas europeas, define tres campos de aplicación, que son el "régimen de acogida de extranjeros o apátridas en centros de estancia temporal", el "régimen jurídico de entrada, permanencia, salida y expulsión de extranjeros del territorio nacional" y "las condiciones y procedimientos para la concesión de asilo y protección subsidiaria y los estatutos de solicitante de asilo, refugiado y beneficiario de protección subsidiaria".

En su solicitud, anunciada el 7 de agosto, Seguro planteaba que algunas de las disposiciones legislativas de este decreto "suscitan dudas fundadas sobre si se tiene en cuenta" el interés de los menores de edad, además los plazos de detención se incrementan "sustancialmente" y algunas de las medidas "ponen en entredicho el derecho fundamental al asilo", entre otros.

"En relación a tres cuestiones relacionadas con la relación entre padres extranjeros e hijos nacionales e hijos extranjeros residentes en Portugal y la posición de los menores extranjeros con menos de cinco años o que necesiten protección internacional, acompañadas o no acompañadas, el Tribunal decidió no pronunciarse por la inconstitucionalidad", plantearon los magistrados en la sentencia ahora publicada.

Y añadieron: "En lo que respecta a la detención cautelar en los centros de instancia temporal, el procedimiento de regreso en la frontera y el procedimiento de cribado,(...) se trata fundamentalmente de medidas legales destinadas a garantizar la eficacia del control de fronteras mediante injerencias en la libertad personal de los ciudadanos extranjeros, esencialmente a través de la afectación de la libertad ambulatoria y de la libertad de circulación. El Tribunal entendió que las reglas analizadas no son inconstitucionales".

Se trata de una propuesta que el Gobierno del primer ministro, el conservador Luís Montenegro, anunció en diciembre de 2025 en el marco del endurecimiento de las políticas migratorias que ha impulsado desde su llegada al poder.

El Ejecutivo explicó que con esta iniciativa se busca acelerar los trámites para las expulsiones y prohibir el "abuso" de los mecanismos de asilo.

La norma fue aprobada el 17 de julio en el Parlamento gracias a la abstención del partido ultraderechista Chega y con los votos a favor de los gobernantes Partido Social Demócrata (al que pertenece Montenegro) y CDS-PP y de Iniciativa Liberal.

El Gobierno portugués ya había enfrentado una situación similar cuando el predecesor de Seguro, Marcelo Rebelo de Sousa, envió al alto tribunal luso las modificaciones a la Ley de Extranjería que impulsó.

En su fallo de ahora, el Constitucional alegó que toma esta decisión en un contexto "sustancialmente" diferente, ya que se encuentra en vigor desde junio de este año un nuevo Pacto en Materia de Migración y Asilo de la Unión Europea.