Consiguen financiación de US$ 215 millones para polémico viaducto de Luque y accesos a la ruta PY02
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El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a cargo de Claudia Centurión, dio en diciembre del año pasado la orden de inicio de obras en el marco del denominado “primer sistema de acceso y salida rápida de la Gran Asunción”, un megaproyecto que fue adjudicado, sin licitación, a la Sociedad de Objeto Específico (SOE) Rutas del Este, integrada por las firmas Sacyr y Ocho A, representada por el empresario Juan Carlos Pettengill, hijo del senador Luis Pettengill.
El paquete de obras, autorizado como parte de la concesión de la ruta PY02 mediante la adenda 7, incluye la construcción de una autopista elevada de 4 kilómetros que atravesará una amplia franja urbana de la ciudad de Luque, además de la ampliación y, en algunos tramos, la duplicación de las rutas Luque–Areguá y Luque–San Bernardino, que se conectarán con la PY02 en la zona de Ypacaraí.
La cartera de Obras Públicas confirmó que el consorcio Rutas del Este consiguió la financiación del proyecto a través de BID Invest (banca privada del BID). Justamente, el grupo ya comenzó a operar el peaje de San Bernardino, cuya recaudación será depositada en el fideicomiso que financia esta Alianza Público-Privada (APP), alimentado por ingresos de peajes y millonarios aportes del Estado (más de US$ 90 millones al año y que aumentaría con la inclusión de estas obras).
Ciudadanos en pie de guerraMientras tanto, ciudadanos de Luque se mantienen en pie de guerra contra la ejecución de las obras. El sábado último volvieron a manifestarse, luego de que la Municipalidad local autorizara la tala de 180 árboles de distintas especies para dar inicio a los trabajos. Los vecinos ya habían ampliado el año pasado una denuncia penal contra la concesión, causa que permanece sin avances en el Ministerio Público desde agosto de 2023.
“El financiamiento del BID Invest asciende a US$ 215.020.616, monto que comprende la totalidad del Presupuesto Final de Inversión, habiéndose concretado el cierre financiero el 16 de diciembre de 2025”, informó el MOPC a este diario, a través de la Coordinación de Proyectos en Explotación.
La institución confirmó además que la financiación del proyecto se realizará de manera integral a través de BID Invest, sin contemplar la participación de entidades financieras locales en la estructura financiera.
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Consorcio tendrá 30 meses para culminar las obrasDe acuerdo con los datos oficiales, la orden de inicio de las obras fue emitida el 23 de diciembre de 2025 y, a partir de esa fecha, la SOE Rutas del Este S.A. dispone de un plazo contractual de 30 meses para la culminación de las obras.
Consultado sobre la situación actual de la liberación de la franja de dominio, el MOPC indicó que se encuentra en ejecución el proceso conforme al cronograma establecido, que incluye la difusión del proyecto, el relevamiento en territorio, el ajuste del catastro y el avalúo de inmuebles y mejoras.
“La primera etapa, de carácter social, comprende el relevamiento de la información de los afectados, la realización de reuniones en campo, la recolección de documentación respaldatoria y la atención de situaciones sociales vinculadas al proceso de expropiación”, informó la cartera.
Asimismo, señaló que la SOE Rutas del Este S.A. tiene a su cargo la ejecución de los trabajos técnicos y sociales, incluyendo catastro, avalúos, gestión documental y pagos, bajo la supervisión permanente de la Dirección de Bienes Inmobiliarios (DBI) del MOPC, encargada de verificar, aprobar y notificar cada actuación.
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US$ 8,5 millones para liberar la franja de dominioEn cuanto a la inversión prevista para la liberación de la franja de dominio, el MOPC precisó que se cuenta con un presupuesto de US$ 8,5 millones. En una etapa inicial se identificaron unas 1.200 carpetas de afectaciones, sujetas a validación y ajustes conforme avance el proceso de catastro y avalúo.
Este proyecto representa un incremento del 30% en el contrato de concesión de la ruta PY02, actualmente a cargo de Rutas del Este, empresa que ejecutó la duplicación del tramo entre Ypacaraí y Caaguazú, dentro del cual se desarrollarán las obras mencionadas.
El plazo de la concesión es de 30 años, bajo el amparo de la Ley Nº 5102 de Alianza Público-Privada (APP), posteriormente derogada durante el actual Gobierno por la Ley Nº 7452/2025, normativas que fueron utilizadas para rubricar la adenda que habilita la ejecución del proyecto.
