En conversación con ABC Cardinal este martes, el contralor general de la República, Camilo Benítez, se refirió a publicaciones sobre el patrimonio económico del presidente Santiago Peña y sobre las denuncias de posibles conflictos de interés por la participación accionaria del mandatario en empresas que fueron beneficiadas con importantes contratos del Estado paraguayo desde que Peña asumió la Presidencia.

En principio, el contralor Benítez se refirió a las sospechas generadas por la construcción de una lujosa mansión -cuyo costo fue estimado en 2 millones de dólares- por parte del presidente Peña en la ciudad de San Bernardino, cuya fortuna creció enormemente en los últimos años.

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“El Presidente tiene la plata para construirse esa casa”, dijo el contralor, quien –sin embargo– señaló que el patrimonio que declaró el mandatario al asumir la Presidencia es “del sector privado” y, por lo tanto, no puede ser fiscalizado por la Contraloría.

El presidente Peña “estuvo varios años en el sector privado con ingresos gigantescos y ese dinero, cuando volvió a la función pública, lo declaró”, añadió. “El origen de ese dinero es lícito y privado”.

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Sin embargo, reiteró su admisión de que al ser esos fondos de origen privado, la Contraloría no puede hacer su trazabilidad y se limitó a especular que “para que él deposite esa plata (en el sistema financiero) tuvo que haber ganado”.

Posteriormente, se refirió a las acusaciones de conflictos de interés en torno al incremento en el número de contratos con el Estado al que empresas vinculadas al Presidente han logrado acceder desde que el mismo llegó al Palacio de López en 2023.

Varias de esas denuncias se han centrado en empresas relacionadas al grupo Ueno Holding, del que Peña fue accionista hasta principios de abril de este año.

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Sobre ese punto, el contralor señaló que la ley de conflictos de intereses vigente “tiene una amplitud mínima de lo que constituye conflicto” y que “no prohíbe” que un funcionario público tenga vínculos con una empresa proveedora del Estado si el funcionario no posee más del diez por ciento de las acciones de la empresa.