Raúl Ramírez Mora, médico de profesión, denunció que, al llegar al arroyo y al Salto Cristal junto con sus trabajadores, les salió al paso Roberto Bravo, quien les advirtió supuestamente que el arroyo forma parte de su propiedad privada y que, si volvían a ingresar, podrían “sufrir alguna desgracia”.

Tras el incidente, Ramírez Mora fue acompañado por efectivos policiales para realizar una nueva verificación del lugar.

Reiteró que el arroyo y el Salto Cristal “pertenecen a todos los paraguayos” y que nadie puede prohibir el acceso ni utilizar la violencia para apropiarse de estos recursos naturales.

Además, enfatizó que Bravo intenta privatizar una zona que históricamente ha sido de uso público y natural, lo cual considera inadmisible. “El salto es de todos. Pueden colindar con la reserva, pero nadie puede prohibir el acceso”, afirmó. También responsabilizó a Bravo si llegara a sucederle algo a él, a su familia o a sus allegados.

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Esta situación no es nueva: desde el año 2019, vecinos de la zona han sostenido disputas por el acceso al Salto Cristal, un conocido atractivo natural que se encuentra dentro de la finca de Bravo y que es de gran interés para los pobladores colindantes. En dicha ocasión, Carlos Jiménez había denunciado a Roberto Bravo de haber quemado las escaleras construidas para el acceso de turistas al Salto Cristal.

Al respecto, conversamos con Roberto Bravo, quien negó haber proferido amenazas de muerte y afirmó que fue el grupo del denunciante, Raúl Ramírez Mora, el que llegó armado.

Indicó que la familia de Ramírez y otros vecinos intentan apropiarse del arroyo y del Salto Cristal, ubicados dentro de su finca de 25 hectáreas, entre La Colmena (Paraguarí) y Borja (Guairá).

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Relató que acudió al lugar tras ser alertado por un turista que se retiró asustado al ver hombres armados. Aseguró que solo reclamó la invasión de su propiedad y exigió el retiro del grupo. Además, presentó una denuncia por coacción ante la comisaría de Borja.

Bravo dijo tener licencia ambiental del Mades y la autorización de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) para explotar el lugar. Añadió que tuvo un conflicto similar en el año 2019 con un vecino, Jorge Zárate, que terminó tras el fallecimiento del denunciante.

Señaló que seguirá defendiendo su propiedad “como sea” y que planeaba hacer pública la situación después de Semana Santa, ya que “los turistas no quieren ir donde hay conflicto”.