La Fiscalía Adjunta de la Unidad Especializada en Delitos Económicos, Anticorrupción, Lavado de dinero y Financiamiento del Terrorismo rechazó la recusación del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos (YoCreo), contra los fiscales Silvio Corbeta, Rodrigo Estigarribia y Alma Zayas.

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De esta manera, los tres fiscales quedaron confirmados para investigar 19 denuncias presentadas contra el intendente esteño. Se trata de los mismos agentes que imputaron a Prieto Vallejos por una supuesta compra fraudulenta de alimentos.

La abogada Gilda Portillo, quien ejerce la defensa técnica de Prieto Vallejos, había sostenido que los representantes del Ministerio Público habrían filtrado a la prensa el acta de imputación contra Prieto Vallejos. Además, cuestionó que la notificación de la imputación sea solo por vía WhatsApp a su cliente.

La defensora también afirmó que los fiscales le habrían denegado un pedido de informe del registro de las causas contra Prieto Vallejos que investigan.

Por otra parte, los fiscales comunicaron a la Fiscalía Adjunta que no filtraron el acta de imputación ni negaron información a la defensa técnica.

Luego de examinar el escrito de recusación, la fiscala adjunta Soledad Machuca concluyó que la defensa técnica no expuso ninguna situación concreta que pudiera comprometer la objetividad de los agentes objetados. Sostuvo que la disconformidad con la actuación fiscal no es causal de recusación.

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Los fiscales Corbeta, Estigarribia y Zayas continuarán con la investigación contra Prieto Vallejos en 19 causas abiertas a raíz de denuncias presentadas por el exconcejal Celso “Kelembu” Miranda, la Contraloría Ciudadana, entre otros accionantes.

Los fiscales Corbeta, Estigarribia y Zayas habían imputado al intendente de Ciudad del Este y a otras diez personas supuestamente implicadas en una presunta compra fraudulenta de alimentos, durante la pandemia en 2020.

Según los agentes, se produjo un presunto perjuicio patrimonial de G. 1.769.790.000 a la Municipalidad tras verificar que la empresa proveedora Tía Chela SRL, de Fermín Ávalos Britos, no justificaba tributariamente la compra de los alimentos.