La Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, a cargo del fiscal provincial Pablo Espinoza, logró que se condene a nueve años de cárcel a una ciudadana identificada como María Ruiz.

También se condenó a los ciudadanos Luis Pijo, William Dioses y Wilber Cornetero a 6 años, 10 meses y 9 días de prisión, cada uno.

"La acusación fiscal sostuvo que los activos ilícitos provenían de actividades vinculadas al tráfico ilegal de armas, municiones y explosivos, así como de la asociación para delinquir", detalló el Ministerio Publico.

Agregó que los sentenciados integraron "una red clandestina dedicada al acopio de armamento y municiones sustraídas de instalaciones del Ejército Peruano para su comercialización hacia Ecuador y posterior abastecimiento a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)".

El Ministerio Público remarcó que en Perú existe una política de "persecución penal estratégica" que lleva a la obtención de condenas efectivas contra quienes incorporan al sistema financiero y económico activos provenientes de actividades criminales.

Perú y Ecuador han acordado en los últimos años fortalecer la cooperación en seguridad bilateral y perseguir al crimen transnacional que afecta su zona fronteriza por el impacto de organizaciones criminales, minería ilegal y tráfico ilícito de armas.

Uno de los casos más notorios de este último delito se presentó en febrero de 2024, cuando las autoridades abrieron una investigación tras difundirse la información de que un arma de procedencia peruana había sido usada por los sicarios que asesinaron en agosto de 2023 al candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio.

La Policía Nacional sostuvo en ese momento que se sospechaba sobre la existencia de una red de tráfico ilegal de armas y confirmó que los fusiles AR-15 se pueden importar y vender de manera legal en Perú, pero hay compradores que adquieren grandes cantidades y luego reportan pérdidas y robos.

En marzo de 2024, la Policía también informó que había desarticulado una banda dedicada al tráfico ilegal de armas que supuestamente compraba legalmente, reportaba como robadas y luego enviaba a grupos criminales peruanos y ecuatorianos.

Además, en noviembre pasado la Fiscalía abrió una investigación tras la incautación de unas de 3.000 balas en el municipio de Aguas Verdes, fronterizo con Ecuador, cuando eran enviadas como encomienda en la bodega de un autobús que tenía como destino Ecuador.