Figueroa Suárez, quien comandó el Batallón de Artillería La Popa entre enero de 2004 y julio de 2005, reconoció su responsabilidad en 24 hechos durante una audiencia restaurativa celebrada en Valledupar (norte) el 27 y 28 de agosto, después de haber rechazado inicialmente los cargos.

La sentencia establece una sanción de seis años y tres meses de privación de la libertad en un establecimiento de reclusión especial.

El exmilitar fue declarado responsable, en calidad de superior, por conductas relacionadas con homicidios de personas protegidas, desapariciones forzadas y torturas, así como por la muerte de dos personas que se encontraban fuera de combate por haber dejado las armas.

El fallo incluye además once obligaciones restaurativas, entre ellas entregar documentos operacionales relacionados con los asesinatos, reconocer públicamente que las víctimas no pertenecían a grupos armados y participar en acciones para dignificar su buen nombre y preservar la memoria de lo ocurrido.

También deberá aportar información para localizar e identificar a personas desaparecidas y contribuir al esclarecimiento de los hechos, incluidos los posibles responsables y las personas que pudieron intervenir en ellos.

La sentencia contempla medidas de reparación, memoria y dignificación para los pueblos indígenas wiwa y kankuamo, afectados por los daños individuales y colectivos, culturales y espirituales derivados de estos crímenes.

Además, ordena a distintas entidades estatales avanzar en la búsqueda e identificación de cinco víctimas mencionadas en la decisión, facilitar el acceso a la reparación material y gestionar la inclusión en el Registro Único de Víctimas de quienes aún no estén inscritos.

Entre las medidas impuestas figura también la entrega de las medallas, el escudo de armas y otras distinciones que recibió Figueroa Suárez al finalizar su gestión al frente del batallón, así como la realización de un acto público de petición de perdón en nombre de las Fuerzas Militares.

Durante la audiencia restaurativa, el coronel retirado pidió perdón por las muertes, las desapariciones, las torturas y la estigmatización sufridas por las víctimas y sus familias.

Esta es la quinta sentencia de la JEP dentro de sus macrocasos y la segunda sanción alternativa impuesta tras el reconocimiento tardío de responsabilidad de un máximo responsable.