Condenan a funcionarios fiscales a 3 años de cárcel por tráfico de influencias
El Tribunal de Sentencia especializado en Delitos Económicos presidido por Cándida Fleitas, Yolanda Morel y Elsa García sentenció al funcionarios fiscales Óscar David Amarilla Velázquez y Ter...
El Tribunal de Sentencia especializado en Delitos Económicos presidido por Cándida Fleitas, Yolanda Morel y Elsa García sentenció al funcionarios fiscales Óscar David Amarilla Velázquez y Teresita Raquel Rey Saffi a tres años de pena privativa de libertad, tras declararlos culpables del delito de tráfico de infuencias.
El colegiado ratificó las medidas sustitutivas de prisión para ambos, por lo que sólo irán a la cárcel una vez que se confirme la sentencia.
La acusación estuvo a cargo del fiscal Silvio Corbeta, de la Unidad Especializada en Delitos Económiso y Anticorrupción (UDEA), solicitó una condena de cinco años de cárcel para los acusados, que actualmente permanecen en funciones en distintas reparticiones del Ministerio Público.
Los ahora condenados fueron detenidos el 19 de noviembre del 2019 durante un allanamiento a la Unidad Fiscal de San Antonio, donde se desempeñaban como asistentes de la fiscala Laura Ávalos.
Asistentes fiscales exigían dinero a cambio de salida procesal
Denunciante afirmó que funcionarios fiscales pidieron G. 8 millonesEl fiscal Corbeta, quien estuvo a cargo del operativo, explicó que la versión que recibieron es que en principio los funcionarios de la Fiscalía de la ciudad de San Antonio exigieron la entrega de G. 8.000.000 para conseguir un criterio de oportunidad en el marco de la causa caratulada como “Eulogio Cardozo Dávalos sobre violencia familiar”.
Sin embargo, el procesado negoció con los funcionarios del Ministerio Público, que al final acordaron reducir sus pretensiones a la suma de G. 5.000.000 en efectivo, siempre de acuerdo con la denuncia que motivó la intervención fiscal.
Luego de esto, el imputado denunció el apriete efectuado por los asistentes de la fiscala Laura Ávalos, por lo que el agente Corbeta solicitó al juzgado especializado en delitos económicos de Agustín Delmás la intervención de la sede fiscal.
De esta forma se planificó una entrega vigilada con la fotocopia y autenticación de los billetes de G. 50.000 a ser entregados como coima para los funcionarios, que fue posteriormente recuperado del poder de Amarilla.
