La fiscal Laura Fernández, de la Unidad Especializada de Lucha contra la Violencia Familiar N° 2, representó al Ministerio Público en el caso. Inicialmente solicitó una pena de 27 años, ajustando su pedido en consideración de la juventud del acusado. Indicó que por este motivo la pena máxima de 30 años no hubiese sido viable.

Aún así, la sentencia solicitada por el Ministerio Público fue severa debido a que no demostró arrepentimiento ni se disculpó durante el proceso judicial. La defensa del joven había solicitado una reducción de pena a 20 años.

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Fernández expresó su satisfacción con la sentencia, destacando que no fue necesario exponer nuevamente a la niña al someterla a un proceso de declaración. Las pruebas presentadas incluyeron la declaración de la madre de la víctima, quien relató cómo la pequeña le contó sobre el abuso. Además, se presentaron informes médicos que confirmaron el estado crítico de la menor al momento de su atención en el hospital, donde se constató que había sufrido desgarros significativos que pusieron en riesgo su vida.

Las evidencias también incluyeron análisis de las prendas del acusado, que mostraban rastros de sangre y fluidos seminales, lo que reforzó la acusación en su contra.

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El caso había comenzado el 2 de mayo de 2023, cuando la madre de la niña se dio cuenta de que algo andaba mal tras escuchar a su hija pedir ir al baño y quejándose de dolor. Al examinarla, notó que la pequeña presentaba sangrado y decidió llevarla al hospital.

Ya en el Hospital Regional de Villarrica, fue atendida y luego examinada por la médica forense, quien constató los desgarros y otros signos de abuso sexual reciente.

La Policía Nacional detuvo al joven en la madrugada siguiente, en las inmediaciones de la terminal de ómnibus de Villarrica, donde intentaba escapar tras la denuncia.

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