Durante el proceso, la fiscal Vivian Andrea Coronel, de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra Niños y Adolescentes, presentó diferentes elementos probatorios, entre ellos documentos, testimonios y pericias. Las evidencias fueron analizadas por el Tribunal de Sentencia, conformado por las juezas Lourdes Morínigo, Flavia Lorena Recalde y Evangelina Villalba, que finalmente determinó la responsabilidad penal del acusado y estableció una condena de 16 años de pena privativa de libertad.

Los hechos comenzaron en 2021, cuando la víctima tenía 11 años, y continuaron hasta 2023. Los abusos se habrían producido en la vivienda familiar, situada en Minga Guazú, principalmente en momentos en que el hombre permanecía a solas con la niña. La acusación señala que las conductas consistían en tocamientos de carácter sexual.

La denuncia fue presentada ante el Ministerio Público el 24 de marzo de 2025, luego de una comunicación a través del Fono Ayuda 147 del Ministerio de la Niñez.

El reporte psicológico incorporado al proceso describió daños psicológicos que van desde el insomnio, la angustia, la sensación de inseguridad y los problemas de concentración, además de otros signos compatibles con afectación psicológica

Con base en las evidencias obtenidas durante la investigación, el Ministerio Público formuló acusación por abuso sexual en niños. Tras la realización del juicio oral y la valoración de las pruebas, el Tribunal de Sentencia resolvió declarar culpable al acusado y le impuso 16 años de pena privativa de libertad.