El Tribunal Popular Intermedio de Dazhou, en la provincia central de Sichuan, declaró a Zhang culpable de aceptar sobornos y de valerse de su antigua posición para obtener beneficios económicos, imponiéndole además multas por un total de 3,8 millones de yuanes (unos 563.000 dólares o 488.000 euros).

Según la sentencia, entre 2008 y 2025 Zhang recibió más de 43,3 millones de yuanes (unos 6,4 millones de dólares o 5,6 millones de euros) aprovechando los cargos que ocupó en la Administración Estatal de Ciencia, Tecnología e Industria para la Defensa Nacional, entre ellos director del centro de revisión de proyectos militares, responsable de Finanzas y Auditoría, ingeniero jefe y subdirector del organismo.

El tribunal consideró asimismo probado que, tras abandonar esos puestos, aceptó otros 11,7 millones de yuanes (1,7 millones de dólares o 1,5 millones de euros) a cambio de utilizar la influencia derivada de sus antiguos cargos para favorecer a terceros en la obtención de contratos y otros asuntos.

La corte señaló que la pena se vio atenuada porque Zhang confesó los delitos, colaboró con la investigación, mostró arrepentimiento y devolvió íntegramente el dinero obtenido de forma ilícita.

Zhang fue investigado por presuntas violaciones graves de la disciplina y la ley en noviembre de 2024, expulsado del Partido Comunista de China (PCCh) y destituido de todos sus cargos en mayo de 2025, antes de ser procesado formalmente por la Fiscalía en febrero de este año.

Tras su llegada al poder en 2012, el presidente chino y secretario general del PCCh, Xi Jinping, impulsó una amplia campaña anticorrupción que ha alcanzado a funcionarios de todos los niveles, desde cuadros locales hasta dirigentes provinciales, altos mandos militares y responsables de grandes conglomerados estatales.

Las autoridades han presentado la campaña como un esfuerzo para reforzar la disciplina interna y combatir la corrupción, aunque algunos observadores consideran que también podría servir para apartar a determinadas figuras de la vida política.