Tras la condena a Sebastián Coronel, gestor cultural de La Chispa, a nueve meses de prisión con suspensión de la condena por “contaminación del ambiente y polución sonora”, la cual está siendo cuestionada por varios artistas y hasta por la misma Secretaría Nacional de Cultura, la abogada Emilia Yugovich confirmó que apelarán la misma.

“Sí, es apelable y de hecho que ya estuvimos conversando con Sebastián y analizando y por supuesto que vamos a apelar. Es nueve meses con el beneficio de la suspensión de la ejecución, es decir, no se va a ejecutar la pena privativa de libertad y por dos años va a tener que cumplir medidas que va a dictar el tribunal y que vamos a conocerlo después en la sentencia”, precisó en entrevista con Ancho Perfil.

Agregó que Sebastián estuvo siempre a disposición de la justicia, lo que hizo que el tribunal considerara la baja reprochabilidad, además de la apertura de Coronel a entablar un diálogo con los vecinos que en su momento hicieron las denuncias.

“La Fiscalía había pedido cuatro años, totalmente desproporcionado, tampoco la agente fiscal fundamentó por qué esa desproporcionalidad en el pedido de la condena y el tribunal no lo consideró así. Sin embargo, igual nosotros insistimos en todo lo que estuvimos insistiendo ya en estos cinco días de juicio, de que la conducta no es típica, porque no existía reglamento vigente en la ciudad de Asunción en los momentos en que los hechos sucedieron”, recordó.

Esto dice la SNC sobre condena al gestor cultural de La Chispa

Explicó que el que no exista una norma reglamentada vigente en Asunción para medir los decibeles no solamente genera un problema en este caso, sino también a toda la ciudad.

“No solamente generó un problema para el Centro Cultural La Chispa, si no imagínense que es toda la ciudad sin una reglamentación vigente y clara con respecto a los niveles de sonidos permitidos y prohibidos por horario, por zona, inclusive hay otras cuestiones que tenían que ser reglamentadas por la municipalidad, como por ejemplo, cómo se debe realizar el muestreo con el aparato del decibelímetro”, criticó.

Citó como ejemplo que los funcionarios que declararon en este proceso ni idea tenían sobre como realizar el muestreo de los decibeles.

“Quedó expuesto ante el tribunal que es así, no están capacitados, no se sabe si los decibelímetros están o no calibrados. Es verdaderamente un descontrol total y el que resulta perjudicado, es el ciudadano, la ciudadana ante la falta de reglas claras. Nosotras vamos a llevar esa discusión a la cámara de apelaciones”, insistió.

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Agregó que si bien no existió una multa por parte del tribunal, si deberán correr con las costas del juicio en caso de que la sentencia quede firme, una vez que recurran a cada una de las instancias.

Detalló que el proceso duró poco más de un año, para llegar a las audiencias de juicio, que fueron cinco días completos, por lo que no descartan que el proceso de apelación dure aproximadamente el mismo tiempo o inclusive más.